El político interpuso una querella tras difundirse la grabación de unas conversaciones entre ambos empresarios y los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque temático de Benidorm Terra Mítica, según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso.
El Ministerio Público presentó hoy su calificación de hechos, que llegará en breve al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, quien acordó recientemente la apertura de juicio oral contra los empresarios por un presunto delito de calumnias sin publicidad.
El pasado 6 de noviembre, el magistrado de instrucción 18 de Valencia acordó la transformación de las diligencias abiertas tras la querella de Zaplana en un procedimiento abreviado y, días después, el acusador público pidió el sobreseimiento de la causa al considerar que no había quedado debidamente justificada la comisión del delito.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce el ex presidente de la Generalitat, solicitó la apertura de juicio oral y formuló escrito de acusación, en el que pedía un año de prisión para ambos empresarios. El magistrado instructor accedió a esta solicitud conforme a lo que establece el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y acordó apertura de juicio oral. Tras ello, trasladó de nuevo la actuación al ministerio fiscal para que emitiera su escrito de calificación en un plazo de tres días.
En el auto de apertura, el magistrado señalaba que tenía por dirigida la acusación contra ambos empresarios, como presuntos autores de un delito de calumnia sin publicidad, tipificado en el artículo 205 del Código Penal y, subsidiariamente, de un delito de injurias, establecido en el artículo 208 del mismo código.
Una vez presentado el escrito del fiscal, le corresponde el turno a las defensas, que tendrán un plazo conjunto de 10 días para emitir el suyo, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Zaplana presentó el 17 de mayo del año pasado una querella ante el TSJCV por un presunto delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, y los empresarios valencianos que figuran como imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia contra Terra Mítica y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros.
Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos. Ambos empresarios manifestaron que los sobrecostes y comisiones iban destinados al empresario Vicente Conesa, y que éste decía que "parte se entregaba a Zaplana".
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque. La representación legal de Eduardo Zaplana indicaba en su querella que el único propósito de los querellados fue el de "difamarle" y "deteriorar" su imagen pública mediante la difusión, a través de los medios de comunicación, del contenido de la denuncia que presentaron previamente ante la Fiscalía.
La sala de lo civil y penal del TSJCV acordó en diciembre de 2006 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los dos diputados del PSPV al considerar que no existía ninguna constancia de que ambos hubieran facilitado personalmente la difusión del contenido de la denuncia presentada ante la Fiscalía en la que comunicaban las reuniones que habían mantenido con los dos empresarios imputados.
La causa siguió abierta contra los dos empresarios en el juzgado de instrucción número 18. José Herrero afirmó en su declaración ante el juez que las grabaciones estaban incompletas mientras que Moreno no compareció ya que el magistrado dio como válidas las declaraciones que prestó en su día ante la sala de lo civil y penal del TSJCV.
