Así lo dieron a conocer hoy en rueda de prensa la portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, y el ex síndic de EU-Entesa, Joan Ribó, quien detalló que las iniciativas rechazadas hacen referencia a 11 grupos de temas, entre los que figuran la denuncia de la Agencia Tributaria contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la composición del consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión o los efectos sobre el medio ambiente de los PAI que se estaban ejecutando en esos momentos en la Comunitat.
Las iniciativas también inquirían sobre los motivos por los que una empresa de fabricación de piensos compuestos en Almàssera "no mantenía los niveles de ruido adecuados y generaba graves problemas de contaminación acústica en el entorno"; el funcionamiento de las ITV y, específicamente, en cuanto al control de ruidos en motocicletas, automóviles y autobuses y sobre la ubicación en Cervera del Maestre de una planta de eliminación de residuos en unos terrenos que "no respetaban las condiciones mínimas de impermeabilidad" previstas por la ley.
Asimismo, EU-Entesa preguntaba sobre la designación como jefe del Servicio de Coordinación Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda de Hermenegildo Forquet, "que forma parte de una serie de consejos de administración de empresas dedicadas a temas urbanísticos"; la eliminación de los PCB (compuestos tóxicos) y la realización de estudios arqueológicos para la ejecución del vial Cabanes-Oropesa. Además, pedía la comparecencia de la consellera de Turismo para informar sobre la Feria de Turismo de la Comunitat.
Ribó calificó de "descabellado" no admitir la tramitación de estas iniciativas y reprochó que, para ello, se utilizaran los argumentos de que las cuestiones sobre las que versaban no tenían trascendencia pública, no eran de interés general o eran de índole estrictamente jurídica.
El ex portavoz de EU-Entesa expresó su "satisfacción" por la decisión del Constitucional de admitir a trámite los dos recursos presentados por EU-Entesa, en junio y en septiembre de 2005, por que, según señaló, el presidente de la Cámara en la anterior legislatura, Julio de España, "no estaba atendiendo nuestros derechos" y debido al "proceso de obstrucción sistemática" de la Mesa y de la Junta de Portavoces al trabajo parlamentario desarrollado por su grupo.
"POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS".
Por su parte, Oltra remarcó que la admisión a trámite de los recursos es una "muestra muy importante de que hay indicios de una más que posible vulneración de derechos fundamentales de los parlamentarios de la anterior legislatura", a la vez que subrayó que esa posible vulneración "no tendrá reparación posible porque la legislatura se ha acabado" y ninguno de los diputados que presentó los recursos repite en la actual pero "sí marcará un precedente muy importante a la actual Mesa de las Corts sobre cuál es el control de legalidad" que compete a este órgano a la hora de aceptar o no iniciativas.
Subrayó que la jurisprudencia afirma que ese control de legalidad "no puede nunca derivar en un control de oportunidad política" y subrayó que el PP "está en todo su derecho de votar en contra a nuestras iniciativas una vez sustanciadas, para eso tiene la mayoría política, pero no está en su derecho en no dejar que nuestras iniciativas lleguen a debatirse", algo que, según señaló, "está prohibido por la jurisprudencia y por el bloque constitucional".
En este punto, remarcó que en el primer período de sesiones de la séptima legislatura, la Mesa ha rechazado "infundadamente" un total de 24 iniciativas presentadas por Compromís, entre preguntas escritas y orales y una proposición no de ley. En concreto, los escritos no admitidos versan sobre Castalia TV, "un ente que se nutre de fondos públicos y que está dirigido por una persona que realiza apología del nazismo"; la situación de la empresa Llanera; la contratación de asistencias técnicas por parte de la Generalitat; un PAI de l'Atzúvia (Alicante); el PGOU de Almoradí; las aperturas comerciales en días festivos; la Cova Molí de la Font en Castellón y la concesión de la explotación minera en la Vall d'Uixó, así como una proposición no de ley para despenalizar las injurias al Rey.
Oltra destacó que un 80 por ciento de los recursos de amparo o de inconstitucionalidad que llegan al TC no se admiten a trámite "y no se llegan ni a sustanciar", al tiempo que expresó su esperanza de que tras la decisión del alto tribunal, la Mesa de las Corts "cambie su actitud de hacer un control de oportunidad política y se dedique simplemente a hacer un control formal de legalidad".
Avanzó que su grupo también recurrirá la inadmisión de las iniciativas "más llamativas" primero ante la Mesa, a través de un recurso de reposición, y "si nos encontramos otra vez con un frontón, acudiremos al Tribunal Constitucional", advirtió.
El problema es que la reparación del daño en estos casos, dijo, "no se produce nunca porque la sentencia siempre es posterior a la legislatura", aseveró la portavoz de Compromís, si bien apuntó que simbológicamente "es muy importante" porque, afirmó, "no es muy prestigioso jubilarse como presidente de las Corts con una sentencia del tribuna constitucional que dice que has vulnerado derechos fundamentales de los parlamentarios".
