El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha denunciado «presiones y acoso» del edil de Riba-roja Pot Andrés Fernández contra diversos funcionarios y trabajadores municipales del ayuntamiento «con el objetivo de amedrentarlos y que los mismos se plieguen a sus peticiones y solicitudes».
Los hechos que han provocado esta denuncia política se remontan a la convocatoria de la comisión de investigación que analiza las supuestas escuchas ilegales que el portavoz de su mismo partido, Rubén Ferrer, realizó a los ediles de Ciudadanos en las dependencias municipales.
Según explican desde el gobierno, el pleno había aprobado que para dicha comisión el voto fuera ponderado: es decir, un representante por cada grupo municipal, cuyo voto vale por todos sus ediles. Sin embargo, el concejal Andrés Fernández, al parecer, entendió que la presencia de concejales acordada debía incluir a dos ediles de su grupo, por lo que reclamó la documentación oportuna al vicesecretario, que se negó a ello.
Fuentes del gobierno municipal insisten en que entonces el edil de Podemos se dirigió a diversos empleados públicos «de malas maneras y con absoluta falta de educación y respeto para exigir documentos e informes municipales sin seguir los procedimientos y cauces oportunos establecidos para ello» y que incluso llegó a amenazar a funcionarios y trabajadores municipales con «denunciarlos ante la Guardia Civil o la Fiscalía».
Andrés Fernández justificó a Levante-EMV que tuvo «un enfado puntual por algo que no me parecía bien», pero insistió en que «hablar de acoso está fuera de lugar». «Han montado un gran circo», añadió Fernández.
