El Ayuntamiento de Llíria quiere acelerar la solución a los problemas de los vertidos de aguas residuales domésticas en sus urbanizaciones. Para ello, el pasado mes de mayo aprobó un Plan Director de Saneamiento y Abastecimiento que permitiría a la gran mayoría de urbanizaciones tener una canalización de agua potable y un sistema de depuración. Pero para poder aplicarlo se ha encontrado con un bache: la finalización de las obras de alcantarillado del entorno de San Vicente, que comprende un total de 41 núcleos de población, a las que se comprometió la Generalitat ya en 1992, y que siguen pendientes.
Ante la falta de una red de alcantarillado en esta área de urbanizaciones y diseminado, tras redactarse un estudio sobre la zona de San Vicente, la Generalitat se comprometió en 1992 a construir 3 colectores generales, con sus brazos correspondientes, y una longitud cercana a los 20 kilómetros. Esta red trataría de recoger el área más amplia posible e incluiría la instalación de estaciones de bombeo para resolver problemas puntuales provocados por la orografía de la zona. De este modo, se pretendía corregir la forma en que tradicionalmente, a falta de alcantarillado, se han tratado los vertidos domésticos en este tipo de viviendas, mediante fosas sépticas.
Veinticinco años después de que se planificaran y se empezaran a ejecutar aquellas obras, todavía queda pendiente por finalizar un último tramo, correspondiente a la subfase 3ª B. Este proyecto, que según fuentes municipales ya se encuentra redactado y supervisado, tiene un coste de licitación de 1,48 millones de euros, e incluso la Entitat Pública de Sanejament d´Aigües Residuals (Epsar), dependiente de la Generalitat, habría reconocido que es necesario realizar esta actuación, según avanzó el portavoz de Compromís-MoVe y diputado autonómico, Paco García, que recientemente entró en el equipo de gobierno del socialista Manuel Civera.
En estas circunstancias, Paco García ha emplazado a la Epsar y a la Conselleria de Medio Ambiente la necesidad de que se aborde esta última fase de las obras, a partir de las cuales podría hacerse efectivo el Plan Director Municipal de Saneamiento, con el que se pretende resolver gran parte de las graves deficiencias en materia de aguas domésticas residuales que tiene históricamente el municipio de Llíria.
Depuradoras privadas
Una sentencia de finales del año pasado del Tribunal Supremo obligó a que 7.000 chalets de urbanizaciones o diseminados del término municipal de Llíria tengan que instalar depuradoras privadas o colectivas, o bien que financiaran su propia red de alcantarillado, para evitar que emplearan fosas sépticas o pozos negros.
Estas viviendas habían sido construidas tanto en suelo urbano como rústico o urbanizable, pero sin previa ejecución de alcantarillado. Tras la petición y presión de los vecinos al consistorio para que éste se hiciera cargo de esas obras, el entonces gobierno del PP aprobó en 2008 una ordenanza por la que establecía que cada vecino debía instalar su depuradora. Esta medida, tras varios recursos, fue finalmente respaldada por el Supremo.
El nuevo Plan Director de Saneamiento aprobado por la actual corporación edetana trataría de evitar que la mayor parte de estos vecinos tengan que hacer frente a este coste. De hecho, según explicaron fuentes municipales en el momento de su aprobación, gracias a este plan tan solo requerirían de estas depuradoras privadas los núcleos urbanos más alejados y las viviendas diseminadas. Por ello a la actual ejecutiva de Llíria se le antoja tan necesario que se finalicen las obras del entorno de San Vicente.
