Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional desplazados desde Madrid registraron ayer por la mañana la vivienda del alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa (PP); el ayuntamiento de esta población valenciana y una empresa ubicada en la localidad. Esta operación se desarrolló en el marco de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y que se comenzó a desarrollar a primera hora de ayer.
José Miguel Espinosa fue jefe de gabinete del exconseller del Gobierno valenciano y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano. Este último está investigado en dos procedimientos judiciales: el conocido como cártel del fuego y por presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa Taroncher. Además, Espinosa ha sido la mano derecha de Castellano, tanto en la gestión institucional como en el Partido Popular, en especial, en la provincia de València y en el Camp de Túria.
Según fuentes conocedoras de la actuación policial, los investigadores se llevaron toda la contabilidad del ayuntamiento de Casinos desde 2007 y el expediente de la Casa de Joventut que data de 2010.
En el momento en que los agentes llegaron al pueblo, primero se dirigieron a la vivienda del alcalde pero Espinosa se hallaba fuera de la localidad en unas jornadas. Tras registrar la casa y una empresa, en cuyo interior podría encontrarse información relacionada con la investigación, los investigadores se personaron en el consistorio ante el asombro de los funcionarios.
Una vez en el interior del inmueble pidieron a la mayoría de los trabajadores municipales que abandonasen su puesto de trabajo y se marchasen a casa, mientras buscaban los dossieres y expedientes que les interesaban. Durante el registro, les acompañaron la secretaria y otros tres funcionarios para facilitarles la información y los archivos que necesitaban.
Cinco horas de registro
Tal como pudo comprobar Levante-EMV, el registro de las dependencias municipales se prolongó durante cerca de 5 horas, desde las 12 horas de la mañana hasta las 16,30. Un equipo formado por al menos ocho investigadores, -de paisano pero identificados con chalecos de la Policía Nacional-, realizó acopio de diversa documentación.
Hacia las 16,30 horas, los profesionales de la UDEF salieron del consistorio con una caja, se dirigieron a sus coches particulares, cargaron el material requisado y se marcharon. Ayer este periódico trató de hablar con José Miguel Espinosa para ofrecerle la posibilidad de dar su versión sobre esta actuación policial que pilló por sorpresa a todos los vecinos del pueblo. Sin embargo, el alcalde no respondió al ofrecimiento y su buzón de voz del móvil estaba lleno de mensajes. En la población valenciana solo se hablaba ayer de la operación desarrollada por la UDEF que, al parecer, corresponde a una nueva línea de investigación relacionada con el caso Avialsa, en el que se investiga el presunto amaño de contratos en el servicio de extinción de incendios. Todo parece indicar que el fiscal y el juzgado de Sagunto que ya investigan a Castellano están detras del registro policial de ayer.
