El Ayuntamiento de Llíria quiere dar un gran paso en firme para solucionar la falta de alcantarillado en buena parte de sus urbanizaciones. Y lo quiere hacer cuanto antes. Por ello, el segundo teniente de alcalde, Paco García, y la concejala del Ciclo del Agua, Elena Jiménez, se han reunido esta semana con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, y el director general del Agua, Manuel Aldeguer, con tal de apremiar a la conselleria para que licite la última fase de la construcción del colector que daría solución al vertido de aguas residuales en las urbanizaciones del entorno del Parc de Sant Vicent, donde viven alrededor de 6.000 personas -aunque puede alcanzar las 15.000 en período estival-.
La concejala del Ciclo del Agua de Llíria, Elena Jiménez, explicó que actualmente tan sólo falta por ejecutar el último tramo de la red de colectores que daría servicio a los entornos de Sant Vicent, El Caramello y San Gerardo. Según incidió, el proyecto ya se encuentra redactado y supervisado, pero falta que la Conselleria de Medio Ambiente lo saque a licitación para poder adjudicar las obras. De hecho, los propios presupuestos de la Generalitat de 2018 ya incluyeron una partida destinada a iniciar estos trabajos de licitación de las obras. Según indicó Jiménez, el coste de licitación está previsto que sea de 1,48 millones de euros más IVA.
Buena parte de estos núcleos poblacionales de Sant Vicent, El Caramello y San Gerardo y las viviendas diseminadas de su alrededor todavía no cuentan con agua potable ni alcantarillado. El agua que llega hasta allí es de riego para uso agrario y sus aguas residuales deben ser o bien vertidas en fosas sépticas o pozos ciegos o tratadas con depuradoras individuales o comunitarias. Esta situación, surgida de los desbarajustes urbanísticos de mediados del siglo XX, se ha convertido en un problema histórico de Llíria que llevó a los vecinos de las urbanizaciones a organizarse bajo las siglas de la Federació d'Urbanitzacions del Camp de Túria (FUCTU) -que se apoyó en el grupo político Compromís-MoVe- para exigir al consistorio edetano que construyera una red de alcantarillado que llegara a sus viviendas.
La respuesta del gobierno del Partido Popular en 2008 fue aprobar una ordenanza municipal de tratamiento de vertidos y aguas residuales que obligaba a los propietarios de los chalets a instalar depuradoras en sus viviendas -individuales o colectivas- o a hacerse cargo de las obras de canalización hacia los colectores. Una normativa ante la que FUCTU presentó un contencioso-administrativo, pero que el Tribunal Supremo consideró a finales de 2016 conforme a derecho.
No obstante, el actual gobierno de Llíria, liderado por el socialista Manolo Civera y respaldado por Compromís-MoVe, no ha optado por imponer esa vía, sino que pretende finalizar la red general de colectores, a la que se podrían conectar varios de estos núcleos de población. «Es el último tramo que por fin completaría un proceso que ya lleva 25 años», resaltó el portavoz de Compromís-Move, Paco García.
