El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, defendió ayer en los juzgados de Llíria que mantuvo una «actuación correcta» en la contratación de la asesoría jurídica por la que está siendo investigado por la Fiscalía por un posible delito de prevaricación y fraude, a raíz de una denuncia de la formación Riba-roja Pot, en la que le acusaban de amañar el concurso.
Raga justificó que en aquel proceso la alcaldía se ciñó a los expedientes presentados que cumplían con los requisitos de la Secretaría y la Intervención. Por ello, añadió, se procedió a adjudicar el contrato «a la opción más económica y ventajosa». Además, aseguró a este diario tras la vista judicial que «no conocía ni las empresas que se habían presentado». «No se ha amañado nada», insistió.
La denuncia presentada por Riba-roja Pot, y que fue estimada por la Fiscalía, acusaba a la firma ganadora del concurso de amañarlo junto a las otras dos que se presentaron con el beneplácito de la alcaldía.
No obstante, Raga quiso destacar que tras producirse la denuncia el ayuntamiento abrió un expediente sobre el asunto que fue enviado a la Fiscalía para que pasase a disposición judicial.
