El Ayuntamiento de l´Eliana está dispuesto a pactar con la empresa pública estatal Acuamed el pago de 7,2 millones de euros de los 15,6 que costó la construcción de la planta desnitrificadora - se había presupuestado inicialmente en 4,5- que podrá poner fin al problema del exceso de nitratos en el agua corriente de las distintas redes de abastecimiento del municipio. De hecho, según fuentes cercanas a las negociaciones entre ambas entidades, Acuamed habría incluido en su próximo consejo general la aprobación de esa propuesta del consistorio en una adenda al convenio. Pero ¿cómo se pagarán esos 7,2 millones? Según explicaron fuentes del consistorio elianero, serán los vecinos de l´Eliana los que hagan frente a este pago.
¿Cómo lo harán? Las mismas fuentes indicaron que el ayuntamiento tiene previsto pagar esos 7,2 millones a lo largo de 25 años, a razón de alrededor de 300.000 euros anuales. Según estima el consistorio, la operación supondría un desembolso de alrededor de 35 euros de media al año por usuario de la red. Es decir, unos 3 euros mensuales. Una cantidad que en el ayuntamiento consideran que no es un gran desembolso para los beneficios que se obtendrían.
En cuanto al recibo del agua, también habría que tener en cuenta que el consistorio deberá costear los gastos corrientes de la desnitrificadora, que serán cargados en la factura. No obstante, las mismas fuentes señalaron que no se producirá un gran incremento en el precio, ya que, según insisten, la mayor parte de esa cifra económica se debe a impuestos y tasas, que no serán modificados.
Ante las posibles dudas suscitadas por este aspecto, el Ayuntamiento de l´Eliana ha habilitado una aplicación en su página web para que cada familia pueda simular cómo le quedará el recibo del agua una vez esté puesta en marcha la desnitrificadora.
El PP quiere ir a juicio
El presidente del PP de l´Eliana, Sota Ibáñez, reclamaba ayer que la planta se ponga en marcha, pero en unas condiciones distintas a las de la adenda propuesta por el consistorio. Ibáñez se remitió a una oferta presentada por Acuamed en 2011, -año en que se acabó de construir y la instalación y desde el que está parada- en la que instaba a la apertura sin coste inicial para el ayuntamiento, pero con la condición de ir a juicio para determinar quién debía pagar el sobrecoste. Esta propuesta fue rechazada por el consistorio, según los populares, por «motivos electorales».
