En su afán por poner las cartas sobre la mesa, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria solicitó al alcalde de la localidad, Manuel Civera, la celebración de un pleno extraordinario en el que los grupos pudiesen votar a favor o en contra del centro de recepción de menores que la conselleria de Mónica Oltra pretende instaurar en el antiguo reformatorio de Llíria. Un debate que el grupo popular, liderado por la portavoz Reme Mazzolari, se ha cuidado de mantener vivo desde el pasado año.
La sesión, celebrada ayer ante 19 vecinos de la localidad, se saldó con la puesta en marcha definitiva de la medida, lo que no ha supuesto ninguna sorpresa. Tanto el grupo socialista como Compromís y Llíria Puede votaron a favor. El Partido Popular, por tanto, fue el único que se opuso a la medida (el ex concejal de Ciudadanos no asistió a la sesión).
La reiteración de este asunto ya suscitó hastío en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el pasado mes, cuando la vicepresidenta Mónica Oltra calificó la actuación de los populares de «repugnante» y «cruel», tras asegurar que «un centro de menores no se consulta», porque «es una garantía constitucional».
En la misma línea lo calificó ayer Civera, cuando reconoció que «no se puede seguir debatiendo este tipo de cuestiones cuando hay menores que lo están pasando mal» y que la insistencia de los populares no es más que una «pataleo». De esta manera, vinculó la insistencia del PP a un intento por «instaurar el temor en la sociedad ante menores desamparados».
Y es que, más de 3.800 vecinos de la localidad firmaron en contra de que los niños y niñas que anteriormente vivían en el centro valenciano de Monteolivete se trasladasen a Camp de Túria, reproduciendo las razones que el grupo popular lleva denunciando más de un año. Entre ellas, se destaca la dañada estructura del centro y el perfil de los menores que llegaría al mismo. Mazzolari asegura que es evidente que al edificio llegarían «niños víctimas de malos tratos, que no tienen a nadie, pero también menores con problemas de conducta, violentos».
Ante tal argumento, el alcalde de la localidad trató de apaciguar el debate al recordar que el centro de recepción de menores es un recurso con el que la Generalitat cuenta para derivar a estos niños al lugar que se precise (ya sea una familia de acogida u otros centros), en un máximo de 45 días. Por esto, aseguró que no se trata de una estancia definitiva para ellos. Asimismo insistió que, «en ningún caso se trata de delincuentes», sino de menores que necesitan ayuda y que «merecen una segunda oportunidad»; menores a los que «no podemos dejar tirados y mucho menos después de las imágenes que estamos viendo de niños y niñas que llegan solos de pueblos de África devastados por la guerra o el hambre». «Situaciones», añadió, «que ninguno de ellos ha provocado, únicamente sufrido».
«Son derechos básicos»
«Estamos hablando de derechos básicos», añadió Paco García, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Llíria. Aunque García sí solicitó que se cumplan las medidas de seguridad necesarias. Y es que según la portavoz del PP «el centro presenta graves problemas estructurales y además se encuentra en el extrarradio, apartado del casco urbano». Esta ubicación, según los populares, facilita el «aislamiento». «Todo lo contrario a lo que se pretende con el internamiento de un menor desfavorecido en un centro que es la socialización», afirmó la portavoz Mazzolari.
Para reformar los desperfectos del edificio, el ayuntamiento destinará 910.000 euros (presupuesto en el que se añade también los gastos derivados del estudio pericial y geotécnico).
