La portavoz del PP de Riba-roja de Túria María José Ruiz ha denunciado un incremento de un 38% en la cuota del IBI-2018 a todos aquellos inmuebles de tipo industrial con un valor entre 75.000 y 1.500.000 del pueblo. «Estamos hablando de la práctica totalidad de la industria pequeña y mediana industria situada tanto en el casco del municipio como en polígonos industriales», subraya la concejala. «En este caso hay un total de 535 inmuebles», añade. Según su lectura, «con respecto al ejercicio anterior pasan a tributar con el tipo impositivo del 0,73% todos aquellos inmuebles con Valor Catastral entre 75.000 y 310.000». En este caso, «hay un total de 279 inmuebles afectados».

En tres años de mandato, relata Ruiz, «es la tercera ordenanza fiscal de IBI que se aprueba a propuesta del gobierno del tripartito de Ribarroja. Y es en esta última, en octubre de 2017 -la ordenanza recogía todo los tipos de usos, entre ellos el Industrial- para que fuera efectiva este año 2018, donde el alcalde Robert Raga y sus socios de gobierno, proponen al pleno una nueva ordenanza, con una subida en el IBI industrial encubierta, de la que solo los populares de Riba-roja advertimos en ese mismo pleno que iba a suponer un hachazo fiscal». Asimismo, la concejala entiende que este incremento del IBI supone «un castigo despiadado a aquellos que con mucho esfuerzo son capaces de generar empleo, la pequeña y mediana empresa con una subida del 40% del IBI. Y llegando a un 60% en otros casos», subraya.

Por su parte, el ejecutivo local, formaod por PSPV, Compromís y EU, en el momento de aprobar el citado IBI destacó que esta tasa experimentó «una reducción sustancial de hasta un 11% con el objetivo de proteger las economías domésticas e incentivar el consumo en el municipio». El coeficiente de este impuesto «pasa del actual 0'56 al 0'47 que se aplicará en 2018», decía un comunicado del ayuntamiento. Paralelamente, las parcelas de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados y las bolsas de suelo industrial inactivos «se penalizarán con un 50% en el impuesto de bienes inmuebles con la finalidad de evitar prácticas de especulación urbanística que, además, impiden aumentar la oferta en el mercado para la instalación de nuevas empresas y, por tanto, la creación de puestos de trabajo».

En abril, el propio alcalde socialista Robert Raga subrayaba que en este mandato «hemos realizado un descenso histórico en los impuestos que abonan los ciudadanos, de forma que disponen de una mayor renta disponible, sin que hayamos reducido ni el número ni el nivel de los servicios públicos municipales que prestamos actualmente; se tratan de unas cifras históricas que denotan una gestión encomiable». Como conclusión, el tripartito local defiende que la presión fiscal «ha descendido una media de hasta un 18,5 %» respecto a la época del PP.