La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Benaguasil a devolver 3,5 millones de euros a la mercantil Benaguacil Urbana. Además, el consistorio tiene que pagar los intereses desde el 9 de agosto de 2013 hasta la fecha y 6.500 euros correspondientes a las costas en primera instancia de este proceso judicial. Esta sentencia fechada en marzo de 2018 ha trascendido ahora a partir de la denuncia política del PSPV que venía avisando «del quebranto económico que esta sentencia podría acarrear a las arcas municipales de un municipio que tiene un presupuesto de poco más de 7 millones de euros».
Los antecedentes
Esta empresa tenía previsto construir una gran urbanización en esta población valenciana con 4.500 viviendas, un campo de golf, un centro de hípica, centros comerciales y deportivos, y un hotel de 250 habitaciones.
La firma promotora, -vinculada al Grupo Lubasa-, no llegó finalmente a desarrollar el denominado PAI Molí Nou, de 2,2 millones de metros cuadrados. Sin embargo, sí cumplió las cláusulas incluidas en el convenio suscrito con el consistorio. Tal como relata la sentencia del TSJ, el agente urbanizador entregó 1,5 millones al consistorio a la firma del convenio el 14 de junio de 2007. Y otros dos pagos de 1 millón a los 3 meses de esa firma, y a los 6. La llegada de la crisis inmobiliaria y económica -que estalló en toda España hacia 2008-, motivó que el plan urbanístico quedase paralizado pese a que en una información publicada por Levante-EMV el pasado 1 de julio de 2014 el alcalde Joaquín Segarra, del Partido Popular, afirmaba que todos los trámites para iniciar la construcción estaban solventados.
La cuestión que se dirime
El convenio citado fijaba unas cláusulas económicas de penalización en dos supuestos. El primero, si el PAI no se aprobaba definitivamente en el plazo de dos años a contar desde el 14 de junio de 2007, por tanto, el 14 de junio de 2009. Y el segundo, si se anulase por resolución administrativa o judicial, parcial o total. Aquí reside el quid de la cuestión judicial que se dirime. La promotora, a la que la acaba de dar la razón el TSJ, sostiene que la aprobación definitiva del PAI se produjo o bien el 30 de octubre de 2009, cuando la Comisión Territorial de Urbanismo lo aprobó; o bien el 31 de marzo de 2011, cuando se aprobó definitivamente el programa en el Ayuntamiento. Por su parte, el consistorio interpreta que la aprobación definitiva se produjo el 27 de octubre de 2008 por parte de la Generalitat.
Recurrirá al Supremo
Fuentes del actual gobierno del PP confirmaron a este diario que el equipo de Segarra ha recurrido la sentencia contra los intereses municipales al Tribunal Supremo. «La sentencia del TSJ-CV favorece los intereses del agente urbanizador realizando una interpretación errónea al no respetar el contrato de programación firmado por el Ayuntamiento de Benaguasil y el agente urbanizador», afirmaba una nota oficial. En el consistorio, «estamos tranquilos ya que nos avala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 2011, así como toda la jurisprudencia».
Además, la corporación local «tiene a favor la sentencia de primera instancia que condena incluso al agente urbanizador a unas costas de 10.000 euros, por lo que entendemos que el Tribunal Supremo resolverá sin duda a favor del Ayuntamiento de Benaguasil».
PSPV «El PP quería construir otro pueblo al lado, sin infraestructuras»
La portavoz del PSPV Laura Mitruño calificó de «barbaridad» el plan aprobado en su momento por el PP. «Pretendía duplicar la población y construir otro pueblo al lado, sin servicios ni infraestructuras». La regidora afirmó que Benaguasil «llegó tarde y mal al desarrollismo urbanístico» anterior a la crisis. Además, «el alcalde Joaquín Segarra aprobó un plan marcado por una grandiosidad fuera de la realidad y del mercado». Respecto a la sentencia ahora condenatoria, criticó «el oscurantismo y lo mal que se ha gestionado este PAI» porque «el dinero se ingresó y se gastó pero no se llegó a desarrollar y ahora se nos está reclamando por la empresa».
