Hasta 22 propietarios de las Unidades de Ejecución Urbanística 5 y 8 de Benaguasil han recurrido a los tribunales la decisión del ayuntamiento de girarles unas cuotas urbanísticas, cuyo montante global suma 300.000 euros, y bajo el epígrafe de «Liquidación definitiva». Cada uno de los afectados debe pagar en función de los metros que tengan en estas dos parcelas ubicadas a la entrada del pueblo. El consistorio presidido por el popular Joaquín Segarra envió las liquidaciones para el cobro el pasado 3 de octubre. Los vecinos se han organizado y no solo han presentado un recurso de reposición contra esta nueva cuota, por considerarla «nula», sino que además han formalizado ya una demanda en un juzgado.
El argumento de los propietarios de estos sectores es que el ayuntamiento «pretende incluir como coste o carga de urbanización un importe que se ha generado y determinado fuera del ámbito del PAI, respecto del que los propietarios no se han podido pronunciar y que se refiere a la ejecución de unos apoyos y servidumbre eléctrica en terrenos situados fuera del ámbito del PAI y que benefician a una colectividad y no sólo a las unidades de ejecución 5 y 8».
Los efectos económicos de dicha actuación, indican en su escrito de alegaciones, «a nuestro entender y según la propia sentencia que enarbola el Ayuntamiento, deberían ser soportados por la beneficiaria de la actuación Iberdrola y en su caso únicamente deben afectar a la administración pública que ha gestionado directamente el programa, y que debió atender a lo previsto en la Ley».
El consistorio, por su parte, ha informado que ya ha contestado «las alegaciones presentadas por los propietarios, a los que ha informado que la liquidación última de los gastos de urbanización son consecuencia de la expropiación realizada por Iberdrola para la ejecución de la parte eléctrica contemplada en el proyecto de urbanización. Costes que, según todos los técnicos, deben de pagarse por los propietarios de los nuevos solares», añaden fuentes municipales.
La sentencia a la que se alude es fruto de un juicio entre un particular, con terrenos fuera de ambas actuaciones de Iberdrola. Este propietario obtuvo una sentencia favorable de 300.000 euros y los vecinos de los sectores 5 y 8 creen que el Ayuntamiento quiere repercutirles ese dinero a ellos. No en vano la eléctrica hizo valer un convenio con el consistorio para recuperar a su vez ese coste.
El asunto está ahora en manos de la justicia dado que la veintena de familias afectadas considera que después de 10 años no tienen que pagar nada más. El Ayuntamiento de Benaguasil fue el urbanizador por gestión directa de estas dos unidades de ejecución y el alcalde quien firmó el referido convenio para poder electrificar.
