El Ayuntamiento de Benaguasil ha anunciado que no tiene intención de pagar los 3,5 millones -que casi alcanzarían los 4 millones incluidos los intereses de demora- con los que le ha condenado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a indemnizar a la urbanizadora del PAI Molí Nou, que nunca llegó a ejecutarse. Y eso pese a que ahora el Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso de casación contra dicha resolución presentado por el consistorio.
El origen del conflicto se remonta al año 2006. Por entonces, el Ayuntamiento de Benaguasil acordó la urbanización de un PAI con 4.500 viviendas, un campo de golf, un centro de hípica, centros comerciales y deportivos, y un hotel de 250 habitaciones sobre un área total de 2,2 millones de metros cuadrados. El agente urbanizador (Benaguacil Urbana SL) del denominado PAI Molí Nou llegó a pagar el 14 junio de ese mismo año 1,5 millones al consistorio por la firma del convenio, a los que se añadieron otros dos pagos de 1 millón de euros cada uno durante los siguientes seis meses. Sin embargo, llegó la crisis inmobiliaria y el PAI se quedó sin ejecutar.
Aquel convenio, en caso de que el proyecto no se ejecutara, fijaba unas cláusulas económicas de penalización bajo dos supuestos: si el PAI no se aprobaba definitivamente en el plazo de dos años a contar desde el 14 de junio de 2007, es decir, el 14 de junio de 2009; o si se anulara por resolución administrativa o judicial. El TSJ ha dado por bueno que la aprobación definitiva del PAI se produjo el 30 de octubre de 2009, cuando lo aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo, o bien el 31 de marzo de 2011, cuando se aprobó el programa en el ayuntamiento. Ante ello, estima que el consistorio debe devolver al agente urbanizador las cantidades invertidas, 3,5 millones más intereses, lo que dejaría una cifra cercana a los 4 millones de euros.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Benaguasil interpreta que la aprobación definitiva se produjo antes, concretamente el 27 de octubre de 2008. Por ello presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la resolución emitida por el TSJ, que no ha sido admitido, lo que mantiene en firme la indemnización a pagar al agente urbanizador.Pide 40 millones a la mercantil
No obstante, el consistorio ha iniciado recientemente un procedimiento para reclamar a la mercantil Benaguacil Urbana SL hasta 40 millones de euros «por el incumplimiento de sus obligaciones como agente urbanizador del PAI» que, según defienden, habría generado numerosos beneficios para el municipio. De hecho, desde el ayuntamiento aseguran que cuentan con informes técnicos propios y de la Universitat Politècnica de València (UPV) que cifran en esa cantidad de 40 millones de euros los conceptos por los que la urbanizadora debería ser responsable por «la falta de cumplimiento en las obligaciones de las que era responsable». En esta situación, el ayuntamiento está tan convencido de que este procedimiento prosperará que se ha atrevido a anunciar que no pagará los 3,5 millones de euros más intereses exigidos por el TSJ porque, según defienden, se deberán compensar de los 40 que ellos reclaman a la empresa.
Protesta de la oposición
Esta situación ya motivó que todos los partidos de la oposición (PSPV, Ciudadanos y Compromís) se marcharan de un pleno ordinario en agosto como señal de protesta contra la gestión de este asunto por parte del alcalde, José Joaquín Segarra (PP), al entender que se les había ocultado la sentencia del TSJ y se aprobó un gasto de 1,8 millones de su remanente a sabiendas de que el consistorio debería hacer frente a otros 4 de esta indemnización, lo que podría dejar las arcas municipales en serias dificultades.
