Un grupo de siete personas con enfermedad mental tenía previsto instalarse en un escaso período de tiempo en una vivienda tutelada en la avenida de la Paz de Riba-roja de Túria. Se trata de un piso en el que llevarían una serie de labores, siempre monitorizados, para progresar en su integración social. Sin embargo, sus mentores -las entidades Riba-Actua y Aridif (Asociación para la Rehabilitación e Inserción de la Diversidad Funcional en Riba-roja)- y ellos mismos se han encontrado con una desagradable sorpresa: la comunidad de vecinos con la que iban a convivir ha iniciado un boicot contra su presencia. Al parecer, no los quieren allí, pese a que ni siquiera han entrado todavía por la puerta del patio.

Hasta cuatro pancartas con la frase «No al piso tutelado» cuelgan en cinco de los balcones del edificio que dan a la avenida. Pero el boicot no se queda sólo en esa misiva. Al parecer, este grupo de vecinos ha iniciado una campaña en redes sociales con el título «No pisos tutelados en edificio de vecinos» e incluso habría llevado a cabo una recogida de firmas entre el vecindario y los comercios del municipio para recabar apoyos en la que aseguran que se movilizan «con el objetivo de evitar que se dé licencia e instale en nuestra comunidad de vecinos (...) un piso tutelado según acuerdo con la Mancomunidad del Túria (sic)», que apostillan con el lema «hoy somos nosotros, mañana puedes ser tú». Su solución es que estas personas deberían ir a centros especializados en lugar de emplear viviendas tuteladas.

Además, miembros de Riba-Actua, entidad que trabaja con personas con diversidad funcional en este municipio del Camp de Túria, han denunciado que algunos de los familiares de estas personas con enfermedad mental habrían llegado a sufrir «vejaciones verbales» y se les habría instado, en relación a los usuarios del piso, a que «se los queden en casa».

Uno de los fundadores de Riba-Actua, David Barbancho, explicó ayer a este diario que la vivienda tutelada para la avenida de la Paz de Riba-roja forma parte de un proyecto de integración social de personas con diversidad funcional. Este tipo de prestación, que se realiza en lugares que cumplen los requisitos exigidos por la Generalitat, «permiten que sus usuarios creen unas rutinas, potencien sus habilidades sociales y no se queden aislados», señaló Barbancho, que recordó que en el hogar tutelado «siempre hay profesionales que están dentro de la vivienda trabajando con ellos». «Hasta por la noche hay educadores sociales de guardia», insistió.

«En este caso ni siquiera ha llegado nadie a empezar a vivir en el piso y ya les están prejuzgado sin previo conocimiento», criticó Barbancho, quien lamentó que haya quienes ya quieran desacreditarlos con «una campaña de desinformación» antes de conocerlos.