El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València ha rechazado el recurso de una empresa promotora de un Programa de Actuación Urbanística (PAI) contra una resolución del Ayuntamiento de Riba-roja en la que le exigía el cumplimiento íntegro del convenio suscrito en 2005 en el que se preveía la construcción de 550 viviendas, con una inversión de 6,7 millones de euros para la urbanización del área. El convenio entre el anterior gobierno del PP y la empresa, pretendía el traslado de una fábrica de vigas a un enclave diferente mediante una modificación de los 60.000 metros cuadrados de terrenos que pasaban de industriales a residenciales a cambio de que el ayuntamiento recibiera una parcela edificable urbanizada y un bajo comercial de 2.000 metros cuadrados «que a día de hoy no se ha llevado a cabo», según informó el consistorio. Pero la mercantil «no ha ejecutado ninguna de las obras previstas en el convenio al aducir la crisis económica» y, además, fue declarada en concurso voluntario de acreedores y por ello recurrió las exigencias del ayuntamiento en la que se le requería un plan de trabajo, nuevas garantías económicas valoradas en 337.675 euros y unas penalidades por incumplimiento de los plazos a razón de 96.000 euros anuales.
