Las quejas de una vecina por el ruido de la Feria de Abril que organizó el Ayuntamiento de Llíria en 2017 han llevado al concejal de seguridad ciudadana y eventos en aquel momento ante los tribunales por ordenar presuntamente la detención de esta «molesta vecina». Pedro Vicente Alama, que repite como concejal del PSPV tras las últimas elecciones municipales, se enfrenta a una petición de pena de un año y medio de prisión por un delito de prevaricación en concurso con un delito de detención ilegal en grado de tentativa, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.

«De broma nada, te ordeno que la tiréis de allí o que la detengáis», le dijo a un agente de la Policía Local de Llíria, bajo su mando como responsable del área de seguridad ciudadana, según sostiene la Fiscalía. El policía en cuestión se negó a cumplir dicha orden al entender que la misma era «manifiestamente ilegal», según se recoge en el escrito del fiscal.

Por esta orden de detención, supuestamente injustificada por el mero hecho de que una vecina se queje del horario de un evento autorizado por el Ayuntamiento de Llíria, este concejal será juzgado el próximo viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València.

Los hechos en cuestión se produjeron el 22 de abril de 2017 cuando el edil acusado, «a sabiendas de que desbordaba la legalidad vigente de modo flagrante y clamoroso», según remarca el fiscal, ordenó en reiteradas ocasiones a un agente de la Policía Local, «debidamente uniformado y en el ejercicio de sus funciones», que procediera a la detención de esta vecina que se quejaba del ruido de la feria. «Voy a pedir a Jefatura un informe de todos los que estáis de servicio esta noche... porque el horario de finalizar los actos no es a las 12 ni a la 1.30, es cuando lo dice el concejal de fiestas», le manifestó al agente que se negó a obedecer la orden dictada, según el relato de hechos del fiscal.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para Pedro Vicente Alama una pena de un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.