Una portavoz del equipo de gobierno del PP de Benaguasil que lidera el alcalde Joaquín Segarra ha calificado de «mazazo» una sentencia del TSJ que pone fin a un largo procedimiento judicial que se inició hace tres décadas con «la peor gestión urbanística del gobierno socialista en el año 1988». Este fallo judicial obliga al Ayuntamiento de Benaguasil a pagar más de 3,5 millones de euros en intereses y obligará al ejecutivo local a suscribir una operación financiera a largo plazo para hacer frente al pago de este dinero. «Hay ocasiones en las que las sentencias ni se entienden ni se comprenden», dijeron fuentes del grupo popular municipal a Levante-EMV. «Tres décadas después de la que se está demostrando la peor gestión urbanística del gobierno socialista (del año 1988) -explican las fuentes consultadas-, se sigue condenando al Ayuntamiento de Benaguasil por el engaño que supuso al Ayuntamiento la ocupación ilegal de unos terrenos junto al Cementerio Municipal sin acometer ningún tipo de expediente, recayendo dicha irregularidad urbanística en el actual equipo de gobierno local que ha tenido que asumir los errores de hace 30 años y lidiar para hacer frente a la sentencia interpuesta en su día por unos particulares». La finalización del procedimiento supone, recién estrenada la legislatura, «un mazazo para el Ayuntamiento que tendrá que abonar los intereses dictaminados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, más de 3,5 millones de euros», añaden las mismas fuentes.
El Ayuntamiento de Benaguasil, remarcaron los responsables del PP municipal, «hará frente según se está estudiando, con una operación financiera a largo plazo gracias al remanente positivo de tesorería que hay en las arcas municipales, derivado de una gestión económica eficiente, y que no se trasladará a los vecinos, ya que para el gobierno municipal el objetivo es seguir prestando y mejorando los servicios públicos sin subir la presión fiscal en los impuestos, tal como se ha venido demostrando en estos últimos años en los que se ha eliminado el impuesto de plusvalías, disminuido el IBI y reducido tasas». Y es que a pesar de la dureza de la sentencia y de no compartir los argumentos del fallo judicial, «no queda otra que acatar lo que dice el juez, hacer efectiva la cantidad estimada por el juzgado y cumplir obligatoriamente ante esta situación anómala, que hemos heredado», finalizaron.
