El pleno de Riba-roja de Túria ha revocado el programa de Actuación Integrada (PAI) del Pacadar que preveía la construcción de 555 viviendas en la zona de la Mallà por las que la empresa promotora obtendría un ingreso económico de más de 71'5 millones de euros -cada vivienda estaba previsto venderla por 130.000 euros- pero que finalmente no se materializó por la llegada de la crisis económica.
El convenio urbanístico entre el ayuntamiento, gestionado en aquel entonces por el PP, y la mercantil privada se rubricó en el año 2005 con el objetivo de trasladar la fábrica de vigas a una zona diferente -aunque finalmente, se terminó construyendo otra en Buñol- y la construcción de las citadas 555 viviendas mediante una modificación urbanística por la que los 60.000 metros cuadrados de extensión pasaban de industriales a residenciales.
El consistorio, además, recibiría una planta baja de 2.000 metros cuadrados de superficie, la cesión de 27.455 metros de terrenos en la zona y un donativo de 1'4 millones de euros. Sin embargo, después de diez años del convenio no se había concluido ni la urbanización de los terrenos, ni había recibido la parcela edificable urbanizada ni la planta baja prevista.
Por ello, en el año 2015, a la vista de los incumplimientos de los acuerdos previstos, el pleno exigió a la empresa promotora el inicio de las obras contenidas en el convenio bilateral, además de diversas indemnizaciones, penalizaciones y garantías económicas por un valor superior a los 800.000 euros que, a día de hoy, la empresa todavía no ha satisfecho.
Las penalizaciones fijadas por los técnicos municipales alcanzan los 172.000 euros, las indemnizaciones otros 368.000 euro y, por último, una garantía sobre las obras totales de 337.000 euros, hasta los 800.000 euros en total.
El pleno de Riba-roja de Túria ha rechazado las alegaciones presentadas por una empresa en situación de concurso de acreedores al entender que no existen razonamientos jurídicos ni contractuales que justifiquen la negativa a abonar las referidas cantidades económicas en las que se han fijado los incumplimientos derivados del convenio urbanístico entre ambas partes.
El acuerdo plenario tomado a instancias del actual equipo de gobierno del PSPV de Riba-roja de Túria ha contado con el respaldo de Compromís, Esquerra Unida, Ciudadanos y Podemos Riba-roja y el voto en contra de Vox y el Partido Popular al entender que se han rebasado con creces el periodo fijado para el inicio de las obras, ya que el convenio de 2005 preveía que debían estar acabadas en el año 2012.
Además, se subraya que la legislación actual establece que es causa de resolución del contrato la declaración del concurso de acreedores y el incumplimiento del periodo fijado para la ejecución de las obras de urbanización. La promotora tampoco ha pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las parcelas objeto del plan urbanístico desde el año 2013 a pesar de su obligación administrativa.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que el ayuntamiento «ha tomado las decisiones oportunas guiado por los técnicos municipales para defender los intereses de los vecinos de la localidad por un planeamiento urbanístico erróneo y que en modo alguno se había planificado de acuerdo a las necesidades de aquel momento, por ello continuaremos luchando para obtener lo que en justicia le pertenece a Riba-roja».
