El 28 de diciembre de 1995, el municipio de Gàtova pasó de formar parte de la provincia de Castelló a la de València. Un hecho histórico y único que solo ha conseguido llevar a cabo Gàtova desde que se publicó la división territorial que aún funciona ahora a través del decreto del 30 de noviembre de 1833. Ningún pueblo, excepto el valenciano, ha cambiado su pertenencia desde entonces.
En la Serra Calderona, el Ayuntamiento de Gàtova se embarcó en 1991 en un viaje que no sabían si podría concluir. Según explica el entonces alcalde, Leopoldo Romero, recogieron el sentir del pueblo de adscribirse a la provincia de València, a donde los gatovenses se sienten unidos y cercanos. Al ánimo popular se unió la comprensión y buena predisposición de la Administración: primero, la Diputación de Castelló y la de València; después, el Consell y las Corts, el Consejo de Estado y el Senado. Cuatro órganos alineados en la misma tesis de cambiar a un municipio de provincia.
Según explica el cronista oficial de la Villa, Jaime Tello, Gàtova está situada geográficamente en un lugar «en consonancia» con otros pueblos de València y no de Castelló. Además, la localidad perteneció desde tiempos de la Reconquista, en 1238, al Condado de Olocau hasta 1833 donde «arbitrariamente» se la incluyó en la provincia de Castelló, pese a que la jurisdicción eclesiástica seguía perteneciendo a la Diócesis de València. El trazado «tortuoso» de la carretera a Segorbe, según Tello, disuadía a los vecinos emprender esta ruta. Siempre a València y, más en concreto, a Llíria y Bétera. Tal era la relación y las mejores infraestructuras que la asistencia médica y el hospital de referencia se encontraba en la provincia de València, según retrata el cronista local. De hecho, antes de emanciparse de Castelló ya formaban parte de dos mancomunidades a la vez: la del Alto Palancia y la del Camp de Túria.
La «arbitrariedad» a la hora de inscribir a Gàtova en Castelló y no en el Cap i Casal fue responsabilidad de Javier de Burgos, Secretario de Estado y del Fomento General del Reino en el Gobierno de Cea Bermúdez. A él se le encomendó la tarea de plantear y proponer la división civil del territorio como base para crear la Administración que hoy en día se conoce.
La decisión arbitraria de De Burgos fue enmendada 162 años después. «Fue un trabajo serio de los políticos», recuerda Romero. Primero fue el Consejo de Estado quien se mostró favorable a la disgregación en 1991. En 1994 fueron las Corts quienes presentaron una Ley Orgánica de anexión a València y fue aprobado por unanimidad. «Fue un día de fiesta», señala Romero. De allí, al Congreso de los Diputados, al Senado y vuelta a la Cámara Baja. «Fuimos dos autobuses llenos entre vecinos y políticos como el president Joan Lerma, el presidente de las Corts Antonio García Miralles o la entonces senadora Pepa Frau» recuerda el exalcalde. El último trámite fue la promulgación de la Ley Orgánica 15/1995 sobre alteración de límites provinciales que firmó el Rey Juan Carlos el 27 de diciembre de 1995.
Romero cree que hoy no sería posible sortear todos los trámites administrativos y tener a todas las instituciones a favor: «las dos diputaciones y la Generalitat eran socialistas, pero el PP jamás se opuso, como tampoco ningún diputado en el Congreso».
