El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja ha aprobado la liquidación económica de la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria en la que le reclama un total de 171.854 euros por las campañas de comunicación y otros trabajos que no han llevado a cabo. La decisión plenaria contó con los votos a favor del equipo de gobierno y de Compromís, Esquerra Unida y Podemos y la abstención del PP, Cs y Vox.
La reclamación se sustenta en un informe del técnico de Medio Ambiente del pasado 20 de diciembre en el que constata una serie de deficiencias halladas para elaborar la liquidación del contrato y la puesta en marcha de la nueva concesionaria. Entre ellas, 151.687 euros correspondientes a las campañas de comunicación que la empresa concesionaria debería haber llevado a cabo anualmente a lo largo del periodo en el que transcurrió el contrato, a razón de 9.480 euros por cada año durante los 16 años valorados, entre el año 2003 y 2019.
El informe añade una serie de reparaciones del material que debería ser revertido al ayuntamiento para efectuar la limpieza viaria, como una barredera mecánica (6.417 euros), un camión volquete (11.950 euros), un quad Adli (1.500 euros) y, por último, el transporte de los residuos depositados en una parcela municipal por otros 300 euros. En total se reclama a la mercantil el pago de 171.854 euros.
La relación entre el Ayuntamiento de Riba-roja y la empresa denunciada se inició en el año 2003 cuando el PP adjudicó el servicio por una duración de ocho años, prorrogable por periodos de cuatro años siempre que alguna de las dos partes no lo rescindiera con una previsión de seis meses.
El contrato se amplió en 2011 como en 2015 y se mantuvo hasta octubre de 2019, cuando se dio de baja aunque la empresa concesionaria se negó a rescindir el contrato. Además, rechazaban todas las alegaciones presentadas por la empresa en las que se negaba al pago de cantidad alguna por la amortización del material o las campañas de comunicación.
«El PP lo consintió»
Según el equipo de gobierno socialista, el anterior ejecutivo del PP «consintió» a la empresa que no cumpliese con su obligación de dedicar un 3% del coste económico del servicio, cifrado en 9.480 euros anuales, a campañas de concienciación ciudadana por el que ahora se le reclama 151.687 euros. El concejal de Hacienda, José Ángel Hernández, aseguró que el consistorio es «inflexible» a la hora de recuperar el dinero de las arcas municipales.
