El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria puede respirar tranquilo, al menos por ahora. El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes ha analizado el control interno del ejecutivo local entre el ejercicio de 2017 y el primer trimestre de 2019 y el resultado es positivo: 40.129 puntos que se traducen en un 80 % de la puntuación máxima posible. Un «notable» porque la Sindicatura cree que «resulta adecuado para proporcionar un grado de confianza razonable en la integridad de la información y su nivel de transparencia, el cumplimiento de la normativa aplicable y la protección de los activos», señala el informe.
De hecho, de las cuatro áreas analizadas del consistorio que dirige el socialista Robert Raga, es en intervención donde más nota saca: 89,3 %, seguida de la gestión económica y financiera donde le puntúan con un 81,8 % y un 76,3 en la gestión administrativa. La calidad del entorno tecnológico y la capacidad informática del consistorio es del 60,5 %, una nota baja para las necesidades actuales, tal como señala la sindicatura: «la crisis sanitaria y socioeconómica mundial de la covid-19 [...] ha puesto de manifiesto la dependencia total que tiene la gestión pública de los sistemas de información y las comunicaciones». Además, indice en que esta circunstancia hace «vulnerables» a los ayuntamientos ante ciberataques y se hace imprescindible mantener «un sistema de protección sólido».
Con ese toque de atención se producen otras cuatro recomendaciones. La primera es elaborar un organigrama actualizado de la entidad y realizar arqueos al menos una vez al trimestre. Además, también invita al ayuntamiento a estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones que realizan en la localidad y, por último, separar bien las funciones que desempeña el departamento de intervención y el de gestión.
Pese a todo, el notable alto que ha obtenido el consistorio no está exento de incumplimientos o «deficiencias significativas» que la Sindicatura de Comptes analiza y pone de relieve uno a uno. Respecto a la estabilidad presupuestaria, la entidad incumplió el objetivo de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto en 2017 y en la aprobación de las cuentas de 2018. Además, la Secretaria tampoco acredita que todos los expedientes de contratación tengan su correspondiente informe de necesidades, pliego de prescripciones técnicas, publicidad y fiscalización del gasto.Además, «en algún expediente se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato (con excepción de los lotes)». Se trata de contratos menores «concatenados».
Inventario
Tampoco Riba-roja tiene un inventario actualizado. El último data de 2015 y para la Sindicatura supone «una debilidad muy importante del control interno por la falta de protección de bienes» municipales. También se incumple la obligación de suministrar la información de la concesión de ayudas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y algunas de ellas no están justificadas. En concreto, señala unas de 2018 pendientes de justificar por valor de 3.960 euros.
No existe un plan de inversiones pero tampoco hay una clasificación de los puestos de trabajo municipales de acuerdo con criterios objetivos y cuantificables.
