Las 21 familias afectadas por una orden de desahucio que se iba a ejecutar este próximo lunes en la Pobla de Vallbona pueden respirar tranquilas. La Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, adquirirá en los próximos meses los pisos que hoy son propiedad del fondo inversor Divarian. Se han dado de plazo hasta el 9 de mayo, día en que según lo previsto terminará el Estado de Alarma, para suspender el desahucio de las 21 familias que siguen viviendo allí. Los 100 días que quedan hasta entonces se destinarán a cerrar la compraventa del edificio de la Calle San Sebastià.
Así, este documento de suspensión del desahucio y posterior adquisición de las viviendas se convierte en el primer acuerdo que la Generalitat firma con un fondo inversor. Ha habido otro tipo de operaciones, pero nunca un escrito donde ambos muestran su voluntad de encontrar una solución al conflicto que afecta directamente a 21 familias. Fueron 28, pero siete de ellas se marcharon del inmueble cuando el juzgado les notificó el desahucio en noviembre y otros aceptaron una cantidad económica a cambio de abandonar la residencia.
Según explicó el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, han sido semanas frenéticas para cerrar el escrito que presentarían en el juzgado en nombre de las dos entidades. Ayer por la mañana tuvieron constancia de la decisión judicial, que aceptaba paralizar el desahucio.
«No es que hasta mayo vayamos a negociar, es que ya hay un principio de acuerdo», declaró Jiménez. En los tres meses que quedan por delante, será un trabajo «burocrático» que implica la visita a las viviendas para determinar su estado y tener elementos de valoración. «La Generalitat, por los límites que establece la Ley de Patrimonio, solo puede comprar por debajo del precio de valoración», explicó Jiménez. Ese precio lo establecen los propios técnicos e inspectores de la Administración autonómica.
Así, la conselleria adquirirá 28 viviendas por un valor de 1,6 millones de euros, según ha podido saber este diario a través del acuerdo firmado con Divarian, e incrementará así el parque público de la Generalitat. Sin embargo, Jiménez no quiso concretar cantidades porque todavía están en conversaciones con el fondo. Sin embargo, aseguró que la cifra «satisface a las dos partes», ya que la Generalitat las adquiere por un precio por debajo del de mercado y el fondo no ve perjudicado su objetivo último de venderlas.
Una vez formalizada la compra de los inmuebles, la intención de la conselleria de Vivienda es firmar con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona un convenio por el que se le cederá la gestión y el mantenimiento del inmueble, además de la adjudicación de las viviendas a las familias que optarán a ellas. Funcionarán con autonomía y, a cambio, será el consistorio quien perciba el arrendamiento de los inmuebles.
Se trata de una iniciativa que cuadra con la política de vivienda social que el consistorio había impulsado en esta legislatura. Hace unas semanas firmaron un acuerdo con la Sareb por el que adquirieron cuatro viviendas para destinarlas a parque público municipal y también lanzaron una bolsa de inmuebles para destinarlos al alquiler social, ya que en el municipio es difícil acceder a una vivienda por la escasez de oferta.
Reunión a tres bandas
Este mismo lunes, cuando estaba prevista la ejecución del desahucio, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau y el secretario autonómico, César Jiménez se desplazarán a la Pobla de Vallbona para reunirse con el alcalde, Josep Vicent Garcia, y con representantes de las 21 familias afectadas para trasladarles este anuncio y ofrecerles la información detallada de los próximos pasos a dar.
