En Riba-roja se ha conocido en los últimos días el caso de dos viviendas en el Sector 28 Collao, junto a la urbanización de la Llobatera, que han sido ocupadas por sendas familias -relacionadas entre ellas- que están causando malestar entre los vecinos, por lo que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, que dirige Robert-Raga, ha anunciado que reforzará la vigilancia policial del entorno. Sin embargo, el consistorio no tiene competencias para expulsar a estas personas, ya que solo a través del cauce legal se obtiene una orden de desahucio de viviendas okupadas.
La primera de ellas se trata de un inmueble en propiedad de una entidad bancaria, donde los okupas han pasado temporadas desde hace dos años y medio y realizan actividades ilícitas en el interior, como la quema de cobre o peleas de gallos, según denuncian desde la Asociación de Vecinos de la Llobatera. La otra, en propiedad de una heredera, está siendo utilizada como vivienda por otro núcleo familiar desde hace seis meses y el juicio se celebrará el 22 de febrero en los juzgados de Llíria.
En la asociación denuncian que el problema se arrastre, en el caso de la primera vivienda, desde hace dos años y medio sin que nadie pueda expulsarles del inmueble. Los vecinos aseguran que tras avisar a la Policía Local y la Guardia Civil, actúan en el momento, pero no se les expulsa ya que la entidad bancaria propietaria del inmueble no arranca los trámites judiciales para su expulsión.
De hecho, el martes algunos vecinos afectados por la okupación se concentraron junto al consistorio para mostrar su descontento con la situación, y el alcalde Robert Raga mantendrá una reunión esta tarde con los representantes. Sin embargo, fuentes municipales también aseguran que tuvieron constancia de estos hechos el pasado 4 de febrero cuando uno de los afectados se puso en contacto con Raga a través de redes sociales, pero hasta entonces, "esta situación no había sido denunciada por los vecinos ni se había manifestado ninguna queja por parte de la asociación de vecinos de la Llobatera", señalaron las mismas fuentes.
Ni el consistorio ni la Policía Local tuvieron constancia de esta ocupación ilegal de las viviendas hasta antes del día 4, cuando se avisó al concejal de urbanizaciones para que se pusiera en contacto con el presidente de la asociación de vecinos de la Llobatera. Solo la Guardia Civil tenía conocimiento de esta situación y, de hecho, estaban realizando un seguimiento desde hacía dos años, pero no se le había comunicado al ayuntamiento.
Por eso, a raíz de este caso, el consistorio se ha propuesto reforzar la vigilancia en esta zona de diseminados además de "intensificar" la coordinación con la Guardia Civil para conocer cómo avanza la situación.
Según uno de los vecinos afectados, se han intentado poner en contacto con ServiHábitat, la inmobiliaria de activos bancarios que gestiona esta propiedad tanto para avisar de la okupación como para tratar de que fueran a conocer la situación de cerca. Todos los contactos han sido infructuosos.
Hace un año, la Guardia Civil, a través de Seprona, requisaron dos perros peligrosos que la familia tenía en la vivienda y que en días anteriores mataron a un tercer can en la propiedad. Además, también se desplazó una patrulla al conocer que se estaban celebrando peleas de gallos en el interior, pero no pudieron requisarlos al no estar en el interior de la vivienda los okupas.
La inseguridad, según vecinos y vecinas, es lo que más preocupa de esta situación, ya que desde la aparición de estas dos familias "se han producido robos, como el mobiliario de jardín de algunos chalés". Además, también denuncian la presencia de menores que no asisten al colegio.
