"No es momento de que la gente deje sus casas"

Riba-roja fue ayer escenario de un nuevo encuentro entre el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, con un alcalde cuyos vecinos están afectados por una orden de desahucio. Ayer, junto al primer edil, Robert Raga, se reunieron en la localidad del Camp de Túria, aunque no para lamentar si no para celebrar: a escasas horas de la reunión, una resolución judicial daba la razón a los vecinos y reconocía sus contratos de alquiler como legales frente a las dudas de la Sareb, propietaria ahora del edificio que ya no podrá expulsarles. «No es momento de que la gente deje sus casas en mitad de la peor pandemia que hemos sufrido», señaló Dalmau.

Mientras, Raga apuntó que se trataba de un día importante porque se materializaba «una alianza con el vicepresidente por haber conseguido entre todos, junto a vecinos y asesores jurídicos, reivindicar que existía un contrato real con el que pagaban sus alquileres y sus impuestos».

Tras el incesante goteo de municipios que han denunciado órdenes de desahucio como ésta, protagonizadas por la Sareb, Dalmau ha convocado a los alcaldes de Riba-roja, Torrent y Alfafar para encontrar soluciones «a largo plazo» para los inquilinos de viviendas que son propiedad de la Sareb. "Sin una vivienda digna no somos personas dignas", ha indicado Dalmau.

También ha recordado que la necesidad de vivienda pública en la comarca del Camp de Túria es fundamental porque hoy en día hay "obstáculos" para que la gente joven pueda emanciparse con un alquiler razonable, para el que se debería destinar en torno al 30 % del sueldo "y no el 50 o 60 % que se está destinando ahora". "Tenemos que crear nuevas viviendas y sacar al mercado las que están vacías", ha señalado Dalmau, y ha pedido el compromiso de Riba-roja para aunar esfuerzos y ampliar el parque público de viviendas, para lo que la Generalitat destinará 10 millones de euros con los que poder adquirir inmuebles.