El PSPV de Benaguasil ha llevado a la Fiscalía Provincial de València la negociación por parte del gobierno local del PP con un fondo de inversión israelí a través de una empresa intermediaria, Himin Solar, cuyo administrador único es la pareja sentimental del concejal Stephane Soriano, y que se interesó en reactivar el PAI del Molí Nou. Según ha podido saber Levante-EMV, los socialistas han presentado el escrito para que el Ministerio Público estudie si hay delito en la intermediación del concejal, pero también por el modo en que se han entablado estos contactos: en la más estricta intimidad y no con la publicidad de cualquier trámite municipal.
A la espera de si Fiscalía lo admitirá a trámite y abrirá diligencias, el PSPV apunta a que pudo haberse cometido tres delitos: negociaciones prohibidas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por todo ello, solicitan que se interrogue a los 9 concejales de gobierno del PP, incluidos el concejal intermediario, Stephane Soriano, así como el alcalde y diputado provincial, Ximo Segarra, y el administrador de la empresa valenciana Himin Solar.
Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, los socialistas creen que el gobierno de Benaguasil actuó «con oscurantismo para presuntamente favorecer a empresas vinculadas al señor Soriano», apuntan, debido a la relación sentimental que mantiene el concejal con el gerente de la empresa intermediaria, Himin Solar, y que representa al fondo inversor israelí que podría estar interesado en reactivar el PAI del Molí Nou. En el documento, los socialistas reproducen las declaraciones de Stephane Soriano en el pleno municipal del 28 de enero, cuando fue preguntado por el concejal de Millorem Benaguasil, Vicente Valls, sobre su relación personal con Himin Solar. Explicó las reuniones que se habían producido entre el ayuntamiento y la empresa interesada tanto en Londres como en Benaguasil.
En el escrito a Fiscalía, el PSPV cree que las actuaciones «contradicen claramente» el procedimiento que se recoge en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la C. Valenciana. «El señor Soriano no debió en ningún caso remitir información de un PAI a unas reuniones que se estaban produciendo en Londres, ni organizar reuniones privadas entre el alcalde y técnicos municipales con empresas interesadas en desarrollar el PAI, más aún cuando en aquellos momentos la condición de agente urbanizador aún la ostentaba Benaguacil Urbana S.L.», señalan. Por contra, el consistorio debió iniciar «un procedimiento de pública concurrencia, una vez resuelta la condición de agente urbanizador de Benaguacil Urbana S.L., comunicando públicamente su intención de designar a un nuevo urbanizador», algo que, a su juicio, no puede darse en reuniones particulares con empresas interesadas.
Los socialistas apuntan a que presuntamente se pudo haber cometido el delito de negociaciones prohibidas ya que «el alcalde y el concejal, informaron, se reunieron y asesoraron personalmente y por medio de funcionarios públicos a una empresa propiedad de la pareja del segundo. Actuaciones todas ellas que produjeron una quiebra evidente de la imparcialidad en la tramitación de asuntos públicos».
Beneficio: 4.500 viviendas
Además, suman el supuesto tráfico de influencias al considerar que, como recoge la tipificación del delito, castiga a la autoridad por hacer valer su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico «para sí o para un tercero». Los denunciantes sostienen que puedo haberse facilitado información de este PAI a la empresa propiedad de la pareja de Soriano y el beneficio económico sería «el desarrollo de un PAI que implicará la construcción de 4.500 viviendas, duplicando la edificabilidad del municipio».
Por último, el tercer posible delito al que señalan es el de malversación de caudales públicos ya que el consistorio fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana a pagar 4 millones de euros al agente urbanizador por no llevar a cabo finalmente el PAI. Creen que el consistorio debió buscar la forma de retomar el proyecto con Benaguacil Urbanizadora S.L. para evitar la condena, pero quisieron otorgar la urbanización a Himin Solar «aunque ello ocasionara un perjuicio a las arcas públicas municipales de casi 4 millones de euros», para lo que el consistorio tuvo que suscribirse a una póliza de crédito, y que supone la mitad del presupuesto municipal.
