El Ayuntamiento de Benaguasil confirma que los informes técnicos municipales y de los servicios jurídicos avalan la resolución del acuerdo con la urbanizadora Benaguasil S.A. tras años de incumplimiento para construir el PAI. En ese proceso para suspender el proyecto urbanístico, el concejal Stephane Soriano, del equipo de gobierno del PP, votó a favor de suspenderlo y tres informes municipales aseguran que no incurrió en ninguna incompatibilidad. Sin embargo, según el comunicado que ha hecho público el ayuntamiento, no se manifiesta respecto a la acusación política que sostienen los grupos de la oposición: la pareja sentimental de Soriano, a través de la empresa Himin Solar, ha intermediado entre el ayuntamiento y un fondo de inversión israelí para reactivar el PAI, lo que los partidos de la oposición les hace suponer que incurrió en incompatibilidad por su cargo y su relación personal con el intermediario.
Por este motivo la oposición solicitó un pleno extraordinario para pedir su dimisión que, finalmente, se celebrará este viernes a las 13 horas.
Sin embargo, el consistorio se ha ceñido a analizar el rol de Soriano en la puesta en marcha y la suspensión del PAI del Molí Nou. "Cuando este plan se aprobó provisionalmente en 2006 Stephane Soriano ni tan siquiera formaba parte de la corporación local y en julio de 2010 fue la Generalitat la que acordó la aprobación definitiva del PAI, por lo que el citado concejal seguía sin tener ninguna intervención directa ni indirecta en la tramitación del mismo", señala en el comunicado.
"A partir de esa fecha cuando el Ayuntamiento de Benaguasil comienza a hacer requerimientos al urbanizador Benaguasil Urbana S.L.U. para que presentara garantías, documentos de gestión e inicio de obras en su caso. Finalmente en mayo de 2018 se presentó el requerimiento final, el sexto, que daba inicio a la resolución del programa por los incumplimientos del urbanizador", explican.
La resolución llevó aparejado "el correspondiente expediente de daños y perjuicios que provocó la rescisión de la condición de agente urbanizador y la correspondiente indemnización", una rescisión que fue avalada por el secretario en funciones y TAG de Urbanismo, el TAG de contratación, el arquitecto municipal; el interventor municipal y un informe de la Universidad Politécnica "en relación a la cuantificación de los daños y perjuicios por el incumplimiento del programa", señalan.
La rescisión de ese contrato era "una obligación legal del ayuntamiento dado los continuos incumplimientos de la mercantil". Por ello, los votos del concejal Stephane Soriano "están avalados por los informes de los técnicos municipales y por la obligación legal de resolución", defienden los informes. Y concluyen: "Asimismo no se aprecia ninguna causa de abstención o recusación en el expediente".
Sin embargo, las acusaciones por parte de la oposición que el consistorio trata de aclarar no se centran en este punto, ya que nadie cuestiona que los continuos incumplimientos por parte de la urbanizadora no fueron motivo suficiente para rescindir el contrato y que Soriano votara a favor de esta resolución.
Lo que afean es la relación personal de Soriano con el gerente de una empresa que ha intermediado entre el consistorio y el fondo de inversión para reactivar el proyecto urbanístico, por los posibles intereses que pudiera tener Soriano en esa reactivación, como denunció el PSPV ante la Fiscalía y que está a expensas de ver si abre o no investigación y causa judicial.
De hecho, Soriano confía en que las "cuestiones personales" se resuelvan en los juzgados ya que ha puesto las acusaciones en manos de sus abogados.
El consistorio reprocha la "política de tierra quemada emprendida por la oposición de Benaguasil y que ni siquiera el covid ha podido modificar".
