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Fiscalía investiga a vecinos de Nàquera por presunta apropiación de terrenos públicos

Abre diligencias contra el ayuntamiento por posible «inacción», ya que debieron inscribir a su nombre en 2011 las dotaciones públicas de San Miguel

Vista general de la urbanización de San Miguel, en Náquera. | LEVANTE-EMV

Vista general de la urbanización de San Miguel, en Náquera. | LEVANTE-EMV

El Juzgado de Instrucción número 3 de Llíria ha abierto diligencias previas contra el Ayuntamiento de Nàquera por posible dejación y contra la Asociación Civil de la urbanización de San Miguel por presunta apropiación indebida de terrenos públicos. Esta asociación de vecinos, autodenominada «Comunidad de Propietarios de la Urbanización San Miguel de Nàquera», posee las escrituras de los terrenos públicos de la urbanización, destinados a ser dotaciones como polideportivo o piscina para los vecinos, y no las cede al ayuntamiento, el verdadero propietario de estas zonas comunes desde que en 2011 el pleno municipal disolviera la Entidad Urbanística Colaboradora y de Conservación que gestionaba San Miguel desde su creación en 1972. En ese momento, el ayuntamiento debió inscribir en el registro de la propiedad estas dotaciones públicas según defienden los demandantes, pero no lo hizo, y la asociación civil retuvo las escrituras hasta hoy.

Zonas comunes de la urbanización de San Miguel.

El enredo administrativo va más allá y tiene sus consecuencias en los propios residentes, a quienes siguen reclamando fondos para ejecutar obras en la urbanización cuando en términos legales las aceras, las calles y cualquier infraestructura pública, es del ayuntamiento. Sin embargo, muchos vecinos y vecinas, «están confundidos» y siguen abonando una tasa a la asociación. Así lo denuncia otro grupo de vecinos, también congregados en una asociación cuyo presidente, Paco Ivars, relata los hechos con impotencia. «Ellos no se pueden apropiar de unos terrenos del ayuntamiento y suscribirlos a una asociación privada. No entregan las escrituras y como el ayuntamiento no presiona, parece que son ellos los propietarios de esas zonas comunes», lamenta Ivars.

Son alrededor de 400 viviendas las que componen la urbanización de San Miguel. Se levantaron a partir de 1970 a través de un Plan Parcial donde la urbanizadora, Agrícola San Miguel, debía destinar ciertos terrenos de la cuadrícula urbana a servicios propios como un supermercado o una piscina pública. Con ese compromiso compraron parcelas y chalés vecinos como Ivars, que llevan allí más de 50 años. «Al no haber fecha límite para comenzar con la construcción de esos servicios, la cosa se va dejando y varios vecinos nos unimos y montamos la EUCC», un organismo que gestionaba los terrenos cuando no había ni un ayuntamiento que intermediara. Tras realizar varias obras, algunos de los socios pidieron disolver la entidad. «Los que la dirigían no estaban de acuerdo y tuvimos que ir a juicio, donde se señaló que según los estatutos de la entidad urbanística, cuando se resuelven las obras, la responsabilidad debe pasar al ayuntamiento».

Dotaciones públicas de la urbanización de San Miguel en Nàquera.

El consistorio lo requirió pero no fue hasta 2011 cuando a través de un pleno municipal se disolvió oficialmente la entidad, poniéndose en contacto con todos los vecinos y «liberándoles» de todos los pagos de mantenimiento, apunta Ivars. Sin embargo, estos propietarios consiguieron que les fueran cedidas las escrituras y 10 años después, no las han traspasado al ayuntamiento, ni el consistorio, hoy gobernado por Damián Ibáñez, tampoco ha exigido tenerlas. Por tanto «nosotros no tenemos nada en contra de Ibáñez, hemos demandado al consistorio por inacción, y deberá responder él como cabeza visible», apunta Ivars.

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