El Consell Jurídic Consultiu aconseja abiertamente a la Diputación de València «suspender o desistir» la construcción de la variante de Pedralba que debe sacar el tráfico continuo de camiones del centro de la localidad por una carretera que circulará sobre el Parque Natural del Túria. La institución consultiva es la primera que habla claro sobre un proyecto que lleva años sobre la mesa, al albur de los distintos cargos que han pasado por la conselleria de Medio Ambiente. La diputación puso sobre la mesa de nuevo el proyecto al mismo tiempo que se llevaba a cabo la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Túria, que se prevé que sea más restrictivo que el anterior, por lo que el Jurídic cree que debe aplicarse el «principio de cautela y precaución» que obliga a detener el proyecto hasta conocer el texto definitivo del PORN.
La consulta que llevó la Diputación de València, presidida por Toni Gaspar, buscaba algo de orientación ante la maraña legislativa y política que se ha formado en torno a esta construcción. Así, el órgano clarifica en su dictamen las dos opciones que tiene el consorcio provincial en estos momentos: mantener la obra o desistir. Tras una extensa recopilación de hechos cronológicos desde 2014, el Jurídic avala la construcción de esta infraestructura tal como está planteada hoy en día, «es acorde con la legalidad medioambiental y cumple con las previsiones de la ley 11/1994, por lo que nada obstaría en términos jurídicos a que la diputación continúe su tramitación».
Sin embargo, ante la inseguridad jurídica que plantea el futuro inmediato, al borde de publicarse el nuevo PORN, la diputación debería tener una actitud «preventiva» ya que las obras podrían ser incompatibles con la nueva norma. Por eso, apela a la prudencia y recuerda que la diputación ha sido informada en dos ocasiones por la conselleria de Emergencia Climática que dirige Mireia Mollà, donde se ha dejado entrever por dónde irá la nueva legislación.
El 13 de noviembre, la diputación recibió un informe del Director General de Medio Natural y de la Jefa de Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, donde se les informó que el nuevo PORN tenía cambios sustanciales respecto al documento vigente. En concreto, el artículo 62.7 advierte que «debe evitarse la ejecución de las alternativas de proyectos de infraestructuras lineales cuyo trazado discurra longitudinalmente al cauce fluvial y se localicen en el interior de las Áreas Objetivo de Conservación, como es el caso de la mencionada Variante de Pedralba, tratando de considerar otras alternativas para el proyecto que no cumplan los criterios restrictivos que se mencionan», dice el documento.
A esta advertencia se suma una carta enviada por parte de la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, al delegado de Infraestructuras, Rafa García, el 20 de noviembre de 2020, donde le recuerda «su responsabilidad como promotor de un proyecto que se encuentra inmerso en una transformación normativa que hace una interpelación clara y justificada de la necesidad de priorizar alternativas». Ambos avisos suponen para el Jurídic una manifestación de «cooperación» entre administraciones». Esas advertencias «justificarían la no continuación del proyecto» para el órgano, y aconseja «el desistimiento» como forma jurídica de no continuar con el proyecto.
«Desestimiento» justificado para proteger el entorno
El Consell Jurídic Consultiu emitió ayer su dictamen que en ningún caso es vinculante. Por eso, recuerda que la diputación puede hacer lo que considere. Sin embargo, el órgano va más allá y contempla qué pasará si deciden desistir del proyecto: «Vendría justificado por la protección de un principio rector como es el medio ambiente, contemplado en el artículo 45 de la Constitución, lo que justificaría su adopción».
El Jurídic echa mano de jurisprudencia sobre el desistimiento y recuerda que se trata de una forma jurídica a la que se puede acoger la Administración «con las finalidades que le son propias al servicio del bien común y del ordenamiento jurídico y siempre se ha de basar en los principios de racionalidad y proporcionalidad y, en todo caso, debe ser apreciado de forma restrictiva».
Por ello, aunque la diputación esté amparada por la legalidad a la hora de desistir el proyecto por la preservación del medio ambiente y la naturaleza, sí que deberá indemnizar al contratista en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Así, el dictamen también recoge los intentos por parte de la Diputación de València de que la Conselleria de Emergencia Climática se manifestara en un sentido o en otro sobre reactivar el proyecto en marzo de 2019. Sucedió cuando vencieron los tres años de suspensión cautelar una vez se anunció, en 2016, que se iba a revisar el PORN del Túria. La conselleria nunca emitió el informe ni a favor ni en contra, por lo que Gaspar volvió a escribir a la Generalitat para anunciar que se para comunicar que la diputación reactivaría el plan, «teniendo en cuenta las importantes consecuencias que implicaba la suspensión [...] y de la inseguridad jurídica que supone tanto para las personas e instituciones como para la diputación».
