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Vecinos de Nàquera denuncian presiones para pagar por zona pública

Alertan de que la asociación civil de San Miguel no puede reclamar dinero para mantener dotaciones

Una de las zonas dotacionales de la urbanización San Miguel.  | LEVANTE-EMV

Una de las zonas dotacionales de la urbanización San Miguel. | LEVANTE-EMV

En la urbanización San Miguel de Nàquera, la inacción del ayuntamiento que dirige Damián Ibáñez está causando un grave enfrentamiento entre los residentes. La Asociación de Vecinos de San Miguel interpuso una querella contra el Ayuntamiento de Nàquera para que el juzgado investigue por qué es la Asociación Civil de San Miguel -antigua Entidad Urbanística de Conservación- todavía tiene las escrituras de la urbanización y no el ayuntamiento, a quien le corresponde estos terrenos tal como se aprobó en un pleno municipal en 2011.

La Fiscalía ha abierto diligencias penales contra el ayuntamiento y los posibles implicados, pero mientras tanto, la asociación vecinal alerta que los miembros de la actual asociación civil siguen tratando de cobrar cuotas como antes hacía la EUC para mantener zonas dotacionales que son del ayuntamiento. «Pedimos a los propietarios que no se dejen amedrentar por cartas o requerimientos de pago o entrega de dinero de la Asociación Civil, que en términos de legalidad vigente no pueden hacerse efectivos».

Tal como ha comprobado este diario, la misiva se envía a través de un despacho de abogados para exigir dos cuantías anuales de alrededor de 100 euros cada una. Se pide ingresar el dinero en siete días o en caso contrario «este despacho profesional procederá a iniciar el correspondiente procedimiento judicial al objeto de reclamar las citadas cantidades adeudadas a mi cliente».

Ante esta amenaza, los vecinos se ven «amedrentados» y abonan las cuotas que según la asociación de vecinos son ilegales. «Están registrados en el registro de asociaciones y no en el de comunidad de propietarios», por lo que asociarse o no es voluntario.

Mientras, desde esta asociación civil, su presidente, Vicente Cubells, defendió ayer que sí son una comunidad de propietarios, además de una asociación civil, y como tal pueden cobrar cuotas a los vecinos «para mantener espacios que el ayuntamiento tiene abandonados porque no quiso negociar un «convenio de disolución» para repartir los terrenos. «Lo intentamos hasta en tres ocasiones, pero tras año y medio de silencio administrativo inscribimos los terrenos a la asociación a través del Registro de la Propiedad», explica Cubells.

Por último, el ayuntamiento, principal intermediario, asegura que está «trabajando en cumplir la ley y recuperar los terrenos que son municipales», como señaló ayer su alcalde, Damián Ibáñez.

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