La variante de Pedralba todavía se enreda más. Al culebrón político se le unen las posibles consecuencias judiciales sobre la decisión de paralizar la carretera que debería liberar del tráfico pesado al pueblo. El juzgado de instrucción número 11 de València ha acordado la incoación de diligencias previas a la querella presentada por el Ayuntamiento de Pedralba contra la Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat, Paula Tuzón, y el presidente de la Diputació Provincial de València, Toni Gaspar, «por un presunto delito de prevaricación al paralizar de manera continuada la construcción de la variante», ha informado el consistorio en un comunicado.
La jueza firmante ha dispuesto incoar diligencias previas que diluciden «si los citados altos cargos han cometido un delito, pues los hechos que se detallan en la querella presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», según explicó el equipo de gobierno del PP. En un auto del pasado 12 de julio, se señala que, al no estár determinadas las circunstancias ni las personas que han intervenido, la jueza ordena instruir diligencias previas y practicar aquellas acciones encaminadas a determinarlo.
El Ayuntamiento de Pedralba presentó la querella el pasado 2 de julio de 2021, a raíz «del bloqueo continuado» en la construcción de la variante sur de Pedralba, «proyecto que cumple con todos los parámetros legales, incluida una declaración de urgente ocupación (DEO) decretada por el Consell en 2016, y una declaración de impacto ambiental (DIA) prorrogada por la Conselleria de Medio Ambiente el 30 de julio de 2020, hasta el 20 de octubre de 2022», señalan.
El proyecto se inició en 2014, pero la Diputació de València ha preferido ser cauta ante las dudas que generaba la ejecución de la variante sur, a pesar de tener listo ya el expediente de expropiación de terrenos.
El expediente de expropiación forzosa de los terrenos y el inicio de las obras están paralizados, ya que el Consell Jurídic aconsejó a la Diputació no iniciar ningún trabajo mientras no se apruebe el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria (PORN), que podría declarar este tipo de obras como no permitidas por su impacto medioambiental.
El ayuntamiento sostiene que el escrito presentado ante la jueza relata de manera cronológica y argumenta documentalmente las resoluciones administrativas tomadas en relación al proyecto de la variante sur. La alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, explicó que ha tenido que recurrir a la vía judicial» ante el incumplimiento reiterado de legislación y de los acuerdos adoptados para la construcción de la carretera». Subrayó que es «una lucha entre David y Goliat» y un paso más «en un camino que, lamentablemente, por motivos políticos, se está haciendo muy largo y lleno de obstáculos y penalidades». «Si la Generalitat y la Diputació se limitasen a cumplir sus propias leyes la obra estaría hecha y el problema resuelto», aseguró.
