El Ayuntamiento de Chiva ha dado un paso más en su firme decisión de frenar la instalación de macroparques fotovoltaicos. A través de una resolución de la alcaldía, con el voto a favor unánime de todos los partidos del pleno -Compromís y Más, EUPV, Vinchi, PP, Aduc y Cs- queda suspendida la concesión de licencias para instalar parques fotovoltaicos en todo el término municipal que superen las 10 hectáreas de extensión. Este bloqueo tendrá una duración de dos años, el plazo estimado para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituirá a las Normas Subsidiarias que hoy guían al municipio pese a que fueron aprobadas en 1983.

Por eso, la resolución marca claramente que «ante la posibilidad» de que se implanten en el territorio proyectos de granb envergadura «que supongan una afección en el paisaje rural del municipio de difícil o imposible reversión», se propone «la suspensión de licencias para ciertas actividades en suelo no urbanizable». Esas actividades son todas las instalaciones para producir energía eléctrica a partir de energía solar, destinada a su venta a la red que no estén instaladas en cubiertas, tejados de edificios o en suelos urbanos que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas.

Además, en la resolución se especifica que este límite espacial también afecta a proyectos que estén vinculados entre sí para evitar el fraccionamiento de una megaplanta.

De hecho, en el futuro más inmediato de Chiva se encuentra la batalla que libran contra la instalación de dos parques, que forman uno (Santo Toribio y Campos de Levante), en la Sierra de Chiva, en el paraje de la Brihuela con una extensión de más de 900 hectáreas. Esta resolución no afecta a este tipo de plantas, ya que generan más de 50 MW y, por tanto, la autorización o no de su instalación depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahora bien, desde las entidades locales se puede poner más o menos trabas a su instalación, y en Chiva ya han emitido el informe que el ministerio les solicitó en un sentido desfavorable por la gran afección que tendrá al paisaje de Brihuela. También está pendiente de emitirse la Declaración de Interés Comunitario con la que debe contar la empresa promotora de la instalación, que tampoco será favorable por parte del consistorio tal como apoyaron todos los partidos del pleno.

Movimiento ciudadano

Sin embargo, han sido las asociaciones agrupadas en la Plataforma Salvemos Brihuela la que más fuerza han hecho para frenar la instalación o, al menos, mostrar el descontento que siente gran parte de la ciudadanía de Chiva. Según informaron ayer, han recogido 3.000 alegaciones ciudadanas contra la planta con una superficie «de ocho veces el casco urbano de Chiva», dice la plataforma de asociaciones.

Por eso, las alegaciones presentadas en la Delegación de Gobierno al proyecto que se encontraba en exposición pública se centran en denunciar la afección que tendrá la infraestructura sobre el medio ambiente, pero también sobre el patrimonio cultural y paisajístico, ya que a esta zona se le conoce como ‘la última dehesa valenciana’.

Cabe destacar, tal como se recoge en la resolución de la alcaldía, que el 92 % del término municipal de Chiva es suelo no urbanizable y cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo en él deberá estar adecuada al carácter rural y agrícola que tiene, además de ser un espacio de recreo natural.