El Camping Aguas de Líria se detuvo en el tiempo tras su cierre en 2009. Los arrendadores de los terrenos fueron dejando paulatinamente sus caravanas y bungalós, dejando atrás todo tipo de elementos domésticos que hoy, trece años después de su salida, componen un paisaje fantasmagórico. Todo sigue igual pero devastado por el tiempo, y la mercantil propietaria de los terrenos no ha intervenido desde que el consistorio declarara este negocio como ilegal, al carecer de licencia de actividad durante 15 años y al ocupar terrenos no urbanizables.
Un incendio en 2018 puso de nuevo el foco sobre esta instalación: quemó una tercera parte del espacio, ubicado en la partida Dugarref de Llíria, junto a Monte Blanco, cuyos residentes dieron el aviso a Emergencias cuando vieron que el fuego quemaba casas y árboles del recinto. Este es, en estos momentos, la principal preocupación del ayuntamiento, quien reconoce que este año por primera vez se le ha notificado al propietario la obligación de limpiar los terrenos. «Son parcelas privadas donde solo podemos enviar un requerimiento con un plazo para que se ejecute. Si no se cumple, el siguiente paso es obtener una orden judicial con la que realizar una ejecución subsidiaria de esa limpieza», explica Mari Cruz García, concejala de Gestión de Residuos.
García recuerda que la ordenanza municipal ya obliga a los propietarios a tener limpias sus parcelas pero en este caso, al comprobar año tras año que no se lleva a cabo ninguna intervención, se le ha notificado por la vía oficial. «Es el primer año que se le notifica, no tenemos la obligación de hacerlo, pero nos hemos puesto manos a la obra e iremos a los juzgados en caso de que no limpien». En estos momentos, el camping cuenta con todo tipo de vegetación salvaje, escombros, bungalós derruidos, instalaciones públicas destrozadas y la piscina encharcada. Los saqueos han sido continuados desde 2009, y en 2017 fueron detenidos dos hombres por la Policía Local que llevaban meses desvalijando y robando todo tipo de enseres.
Carlos Camps, técnico de la Administración General de Urbanismo del Ayuntamiento de Llíria, insiste en que al tratarse de una propiedad privada, el consistorio no tiene margen de actuación. Además de los requerimientos para la limpieza, «también se les ha avisado de la necesidad de cerrar su vallado para evitar que las personas accedan y continúen con la degradación.
El siguiente asunto que el ayuntamiento tiene abierto con el camping es el decomiso de unos perros que viven allí con su propietario, una persona que se desconoce si ‘okupa’ una de las viviendas o, como sopesa el consistorio, pueda haber sido enviada allí para evitar más saqueos e intrusos. Según García, que también lleva la cartera de Bienestar Animal, «hemos hecho un requerimiento y la Policía Local lo identificó, así como a sus perros, que son de raza peligrosa. Se le advirtió que tenía que presentarnos su documentación en un plazo y no lo hizo, por lo que los servicios de Bienestar Animal fueron a por ellos, pero nos prohibió la entrada y al ser una propiedad privada, solo se puede acceder con el permiso de un juez», explica la concejala.
El cierre del camping dejó a más de 50 familias sin su segunda residencia. La empresa Camping Aguas de Valencia había solicitado en dos ocasiones, con el visto bueno del consistorio, la declaración de Bien de Interés Comunitario (BIC) para la actividad, y las dos veces fue denegada por parte de la Generalitat. El consistorio también certificó entonces el «deficiente estado de las instalaciones» del camping así como el hacinamiento de las viviendas, entre otras cuestiones de salubridad, por lo que la empresa fue multada con 100.000 euros y la clausura del espacio que, trece años después, está en un estado de ruina.
