El proyecto de instalación de la línea de Muy Alta Tensión desde Teruel hasta la subestación eléctrica de l'Eliana, a través del Alto Palancia, el Camp de Túria y parte de l'Horta, no deja de sumar detractores. Se trata de una línea de evacuación de 178 kilómetros desde tres plantas fotovoltaicas en Teruel que ha generado una grave inquietud en todos los colectivos sociales y partidos políticos de estas comarcas. La última entidad en sumarse a esta oposición ha sido la Conselleria de Transición Ecológica a través de la secretaria autonómica, Paula Tuzón, que ha mantenido una reunión con los responsables de la Coordinadora No a la MAT.

En el encuentro, Vicente Monteagudo, de la coordinadora, asegura que Tuzón se ha posicionado "en la misma línea que la asociación: queremos un modelo energético de proximidad, a través de proyectos municipales y del autoconsumo". Las críticas hacia el proyecto de Forestalia derivan, además de la propia afección al territorio de este cableado, en el grave impacto que supone transportar de una comunidad autónoma a otra, a través de tres provincias, la energía para transportarla, algo que ya criticó el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, quien apuntó a que eso "no puede ser energía limpia".

En la reunión de esta mañana, la coordinadora, donde están integrados ayuntamientos afectados como l'Eliana, la Pobla de Vallbona, Bétera, San Antonio de Benagéber, Paterna y Llíria, además de los municipios afectados del Alto Palancia, ha asegurado que la intención es coordinarse con otras plataformas de Castelló y a nivel estatal, para crear un frente común contra estos mega proyectos que tienen tanto impacto sobre el medio ambiente. Cabe recordar que esta línea de Muy Alta Tensión discurrirá, en un tramo, por el Parque Natural del Túria.

Aunque la Conselleria de Emergencia Climática no tiene peso en este proyecto, ya que se dirime a nivel estatal a través del ministerio de Teresa Ribera, sí puede poner algunas limitaciones, como se ha reconocido en la propia reunión y que Monteagudo confirma. Una de ellas sería precisamente impedir, a través de la normativa autonómica, que el proyecto fotovoltaico discurriera por el parque natural. "Ese es el nivel de fuerza y colaboración que podemos trasladar desde la sociedad civil a las administraciones", ha señalado el miembro de la coordinadora. Además, la conselleria se ha abierto a tener un contacto directo con la coordinadora y con los municipios afectados para canalizar las alegaciones.