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"No hay ningún beneficio para Casinos de las miles de placas que van a instalar"

La Comunidad de Regantes se opone a los múltiples proyectos fotovoltaicos que afectan a los regadíos del municipio agrario

Canteras en Villar del Arzobispo donde los ecologistas piden que se instalen parques solares. FERNANDO BUSTAMANTE

La Comunidad de Regantes de Casinos también se muestra en contra de los proyectos fotovoltaicos previstos instalar sobre el municipio. La primera razón que aluden es que sobre el papel se ha visto que sí hay campos de regadío afectados y, en segundo lugar, el argumento que muchos otros municipios rurales, huéspedes de las energías renovables, aluden: "No habrá beneficio de ningún tipo para Casinos con las cientos de miles de placas a instalar, los únicos beneficios se los llevarán las empresas".

Son declaraciones de Joaquín García Lafuente, presidente de la Comunidad de Regantes que se muestra contrario a estos proyectos y ya trabajan con el ayuntamiento que dirige Miguel Navarré (Compromís) para presentar el viernes una batería de alegaciones a estos proyectos que están en tramitación. Los campos abandonados pueden albergar estas instalaciones, o en las canteras del entorno, tal como defienden los colectivos ecologistas de La Serranía. Pero en Casinos, donde sus habitantes se dedican a la agricultura, estas plantas prevén impactar sobre el trabajo de 1.400 comuneros, es decir, agricultores asociados que trabajan el regadío, y otros tantos de secano. «Si vendemos o alquilamos nuestros terrenos, habrá que cambiar el uso de los suelos, de agrícola a industrial, y cuando en 35 años se termine la cesión a estas empresas, habremos perdido todos nuestros campos», dice García Lafuente.

Plantas fotovoltaicas proyectadas sobre Casinos y Villar según el visor de la Generalitat GVA

En este sentido, el cambio del uso del suelo tendrá también una consecuencia sobre los agricultores en activo. Los comuneros mantienen una deuda a través de la cual se modernizaron los sistemas de regadío y por la que pagan cada año 3 euros por hanegada, durante 50 años. En caso de cambiar el tipo de suelo para poder acoger las placas, la deuda se tendrá que abonar de golpe, por lo que según dice García Lafuente, "el precio al que hayan vendido la tierra se irá directo a amortizar la deuda bancaria, y al final te quedas sin el dinero y sin la tierra".

A la deuda bancaria se suma la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El presidente de la comunidad explica que si se cambia el suelo, se cancela la cesión con esa parcela y por tanto, la tierra muere. "Lo que hagamos en el presente va a condicionarnos en el futuro, y en 35 años tendremos un secarral", lamenta, y añade que si ahora la hanegada, de precio medio cuesta 3.000 euros, sin regadío el precio de venta será irrisorio.

Problemas en la conexión

García Lafuente también denuncia públicamente los problemas que la Comunidad de Regantes está teniendo para conectar a la red su propia planta fotovoltaica, de 1 mW, que han instalado recientemente para hacer funcionar las infraestructuras de la organización, como los pozos. Estas empresas "han copado la red y no hay lugar para nosotros", lamenta.

Mañana se producirá un encuentro de nuevo entre las instituciones contrarias a estas plantas para armonizar las alegaciones que van a presentarse. "No queremos nada, ni que se ocupe el regadío ni el secano, nos van a dejar aquí todo este despliegue para seguir alimentando a las ciudades y a otros países", zanja García Lafuente.

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