El alcalde de Nàquera insta a Bonanza y San Miguel a ceder sus zonas públicas al consistorio para poder actuar

Ibáñez recuerda que los herederos de Bonanza no llegaron a firmar la cesión de los terrenos al ayuntamiento, como tampoco se hizo en San Miguel, donde los bares de la urbanización siguen gestionados por manos privadas

Amparo Soria

Amparo Soria

El Ayuntamiento de Nàquera quiere dejar claro que el enfado de las urbanizaciones del municipio por falta de servicios no es íntegramente responsabilidad del consistorio. ¿Por qué? Porque muchas de estas urbanizaciones siguen siendo terrenos privados y no cedidos al consistorio y, por tanto, no puede actuar en ellos. Esta situación viene dada de los años 70 y 80 cuando las urbanizaciones creadas por empresas promotoras vendían los terrenos a los propietarios, que se ocupaban del mantenimiento de estas áreas. Sin embargo, con el paso de los años, algunos de estos núcleos han sido recepcionados por el consistorio para hacerlos "públicos" y, por tanto, poder actuar en ellos a todos los niveles de servicios y dotaciones. Aún así, no en todas sucedió, y el consistorio está en el camino para intentar arreglarlo.

Sin embargo, como el alcalde Damián Ibáñez recuerda, quedan urbanizaciones cuyas zonas comunes siguen estando en manos privadas y los interesados no quieren deshacerse de ellas. Esto bloquea la intervención del ayuntamiento, y en el caso de Bonanza, "es la Asociación Sociocultural que en su día sustituyó a la asociación de propietarios la que gestiona estos espacios comunes", como puede ser el bar o las zonas deportivas. En San Miguel, la situación es más compleja, ya que tal como explica Ibáñez, una parte del vecindario no está de acuerdo con esta gestión privada por parte de unas cuantas personas de la urbanización que se constituyeron en una asociación civil y que obligaban al resto a pagar una cuota por mantener algunos espacios. En caso no hacerlo, no podían disfrutar de estas instalaciones como parques o jardines.

Denuncia a la Asociación Civil de San Miguel

Cabe recordar que el consistorio interpuso una denuncia contra la Asociación Civil de San Miguel, donde se integran parte de los propietarios de las viviendas de este enclave. Según se explica en un escrito, la denuncia fue admitida por la Fiscalía de València al considerar que los hechos denunciados podían constituir un delito de desobediencia "al haber desoído los denunciados, de forma reiterada y contumaz, los distintos requerimientos del ayuntamiento para proceder a la disolución y liquidación de la entidad, al cese de las cuotas de los vecinos de la Urbanización de San Miguel y al traspaso de los terrenos al ayuntamiento".

Además, también se valora si pudo haber un delito de exacciones ilegales, ya que los denunciados "cobraron cuotas a los vecinos sin estar en absoluto legitimados para ello, en su condición de representantes de una entidad público". El escrito también apunta a que otro de los posibles delitos cometidos podría ser el de malversación pública, al haber transferido los bienes dotacionales que se debía haber cedido al ayuntamiento a la propia Asociación Civil y la Comunidad de propietarios.

Estos problemas derivan, en parte, por la posesión de unos u otros de las escrituras. En el caso de Bonanza, el "traspaso" de terrenos se realizó en 2013, en un pleno municipal, pero no se acabó el trámite: según se defiende el alcalde, los herederos y gestores de esas zonas públicas no se presentaron en la Notaría para oficializar esa recepción de las pistas de tenis y el chiringuito, entre otros enclaves.

Por eso, Ibañez insiste en que no cejan los intentos por retomar estas conversaciones y que sea el consistorio quien regule estos núcleos urbanos, con sus edificios sociales que pasarían a ser servicios licitados desde el ayuntamiento de forma transparente y no dependería de las asociaciones de propietarios.

Con esta situación a mitad camino entre muchas urbanizaciones, los problemas son constantes. "No se puede arreglar un jardín de una urbanización si sigue siendo privado, por ejemplo", explica Ibáñez, quien recuerda que sí se ha podido intervenir el alumbrado en Bonanza al que han destinado 116.000 euros

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