La oposición piden en Bétera que el consistorio asuma el incremento de la factura del agua

La factura del agua en Bétera se verá incrementada en los próximos diez años, alrededor de 60 euros al semestre, a partir de este mismo mes de enero. Se debe a la conexión del municipio a la red de suministros de la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), cuyo canon de conexión asciende a 761.894 euros que se repercutirán en el bolsillo del ciudadano que consuma este agua potable, libre de nitratos. Así quedó aprobado en el pleno municipal del 27 de diciembre y tanto Compromís como PSPV presentaron alegaciones que fueron tumbadas por el voto de calidad de la alcaldesa, Elia Verdevío.

Por un lado, Compromís exigía que el ayuntamiento asumiera esta cantidad y después no la cobre en los recibos del vecindario. "Hemos recibido asesoramiento jurídico y es totalmente legal la opción que proponemos", señaló el concejal Enric Álvarez, como respuesta a la postura que el equipo de gobierno del PP mantiene, y que publicó Levante-EMV: al no tratarse de un impuesto, no puede ser asumido por las arcas públicas. Se trata de una tasa que no puede modificarse ni ser abonada por el consistorio, al no ser un servicio que se preste a todos los residentes en Bétera por igual, ya que no todas las urbanizaciones se verán beneficiadas y, por tanto, tampoco les incrementará la factura.

El edil de Compromís aseguró haber consultado toda la documentación del expediente que iba al pleno "y en ningún informe que lo integra aparece que nuestra propuesta vaya contra la ley". "En todo caso, la alcaldesa continua pensando que es ilegal y estaría bien que nos dijera en qué informe de todos los emitidos por los técnicos se indica que no se puede hacer", zanjó González.

Mientras, en el PSPV, la concejala Maria José Ballesteros defendió que si no puede asumirse el coste íntegro del canon de conexión, el consistorio sí podría asumir la cuota fija de la EMSHI que asciende a 406.344 euros anuales o bien la cuota de conexión y conservación, que suponen 114.170 euros al año. Cantidades que para Ballesteros son "asumibles", más todavía cuando el presupuesto municipal no está todavía aprobado. "En ningún informe se especifica que esto sea ilegal, como defiende el equipo de gobierno", explicó la concejala.

En el PSPV se criticó duramente la falta de argumentación por parte del equipo de gobierno "que no responde a criterios ni técnicos ni jurídicos para desestimar nuestras pretensiones". Además, recordaron que en los compromisos electorales de 2019 del PP, uno de ellos era precisamente reducir la cuota del agua.

Los socialistas también reclamaron añadir más inspecciones sanitarias al contrato, para que mensualmente se tomen muestras de la distribución para el control de las aguas no solo de un punto, sino en varias localizaciones del municipio porque si el agua se paga como buena, "hay que garantizar que está buena", señala Ballesteros. "La muestra de agua tomada en el casco urbano no tiene por qué ser la misma que la que llega a La Masía", señaló.

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