El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, está siendo investigado como máximo representante del ayuntamiento por un presunto delito de malversación. Es la Fiscalía quien ha aprobado la prórroga de las diligencias de investigación penal para seguir recabando información sobre el fraccionamiento de contratos en el consistorio por el que Segarra ya fue a declarar voluntariamente hace un mes.
Para ello, tal como se refleja en un decreto de la alcaldía, el alcalde contrató al abogado penalista Javier Boix, un profesional "al que hemos recurrido habitualmente en cada asunto penal que llega al ayuntamiento", explica Segarra a preguntas de este diario. El alcalde relativiza la investigación de la Fiscalía y carga contra la oposición, que ha iniciado "más de 40 procedimientos judiciales contra el ayuntamiento en los últimos años y no ha ganado nada".
Segarra se refiere a Vicente Valls, concejal y portavoz de Millorem Benaguasil, quien ha llevado a los tribunales una batería de asuntos públicos y de particulares contra el ayuntamiento, incluido este al conocer los reparos del consistorio en tramitar los contratos. Sin embargo, Segarra carga de nuevo contra estas prácticas porque en la última ocasión "llevaron seis denuncias a Fiscalía de las cuales le han tumbado cinco, solo una ha sido admitida que es la que se investiga", señala el primer edil.
En concreto, se está recabando información por varios contratos menores del ayuntamiento donde Segarra asegura que no hay mala fe: "Con un presupuesto 8 millones, son todo contratos relativos al día a día", señala.
Según ha podido saber Levante-EMV, la sección de delitos económicos de la Fiscalía investiga a raíz de una denuncia el presunto delito de malversación presentada contra el alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra, según confirman fuentes de la Fiscalía provincial de València.
Las diligencias de investigación penal (DIP) se abrieron hace seis meses y se ha adoptado una nueva prórroga que puede prolongarse durante seis meses más.
Los pasos a seguir a partir de ahora incluirá la solicitud de más diligencias que pueden ser petición de documentación o incluso la citación de interesados, antes de decidir qué decisión tomar: archivar las diligencias de investigación penal, o presentar una denuncia ante un juzgado de instrucción.
