Basseta Blanca. Esta semana el Consell ha dado un paso definitivo para acatar un problema que Riba-roja de Túria arrastraba desde 1996. Fueron 10 años de actividad los que tuvo este vertedero, pero ha habido casi 30 años de consecuencias ambientales. El plan de restauración de esta zona degradada costará 10,5 millones de euros y cerrará un cuarto de siglo de protestas y reivindicaciones sociales por sellar este contenedor al aire libre.
Los 10,5 millones de euros que el Consell va a invertir en el sellado y restauración de Basseta Blanca llegan 26 años tarde. No es una afirmación en negativo: han llegado cuando la sensibilidad por el medio ambiente copa la agenda social, y la predisposición política ya no son palabras sino hechos. Se cerró de forma oficial en 1996 y, según el proceder de entonces y a tenor de la conciencia medioambiental de la época, las seis toneladas que se vertieron allí durante 10 años quedaron sepultadas bajo tierra. Esa fue la solución, y pronto se evidenció que no era suficiente, ya que litros y litros de lixiviados derivados de los residuos que este paraje esconde se han abierto paso a lo largo de estos años por las distintas partidas rurales de esta zona del término municipal de Riba-roja de Túria.
De ahí que los más de 10 millones de euros hayan sido una de las mejores noticias que este municipio del Camp de Túria ha recibido esta legislatura. Han llegado tarde, sí; pero han llegado. Y se busca no solo sellar correctamente este vertedero, sino sacar partida de él: de los gases que emiten las toneladas enterradas se sacará biogás, y la superficie de 10 hectáreas albergará una planta fotovoltaica de gestión pública que revertirá en el ahorro energético de los residentes en este municipio.
Es un buen final a los casi 40 años de reivindicaciones sociales y políticas para sentenciar, de una vez por todas, este vertedero. Lo recuerda el alcalde, Robert Raga, que estuvo en los años 90 en las manifestaciones que proliferaron en el municipio contra este enclave. "Los partidos políticos de la izquierda se movilizaron junto a asociaciones ecologistas como Agró y forzaron a que el ayuntamiento gobernado entonces por el socialista Joan Antoni Toledo publicara un decreto contra su cierre", explica. Si el vertedero había comenzado a recibir residuos en 1986, no sería hasta 1993 cuando las autoridades intervinieron: no fue suficiente, ya que un auto del juzgado obligó a reabrir la zona por el bien y el interés común, ya que no había otro lugar donde tirar los residuos que se generaban en el área metropolitana de València.
Comienza aquí un largo periodo judicial por el que el Ayuntamiento de Riba-roja recurrió al Tribunal Superior de Justicia de València, que tres años después dio la razón al consistorio para cerrar el vertedero. Era 1996, y durante esos tres años se siguieron llevando toneladas y toneladas de residuos, ya de forma ilegal.
Se supo después, cuando el Consell Metropolità de l'Horta recurrió esta sentencia al Tribunal Supremo, que ratificó, en 2003, el cierre del vertedero 10 años antes.
Tras esta maraña judicial, el vertedero supuraba líquidos y gases por doquier. Este diario hizo un reportaje en el año 2000 sobre las grietas desde donde se escapaban los gases tóxicos y calientes con los que podía freírse un huevo. Así quedó patente en las imágenes, y lo confirma el alcalde, ya que un año después un Real Decreto instó a las autoridades a restaurar el paraje.
"Desde 1996 a 2015 hubo todo tipo de iniciativas en el pleno municipal que nadie contempló, ni para sellar, ni restaurar, ni nada", lamenta Raga. Los sucesivos gobiernos del PP, encabezados por Francisco Tarazona desde 1995 hasta 2015, hicieron caso omiso a este espacio y sus necesidades. Hasta la Confederación Hidrográfica del Júcar denunció el vertido de lixiviados de esta zona. "No estaba en la agenda del PP sellar estos vertederos, ni el nuestro ni el de Orihuela, ni ninguno, pese a las sentencias que había y al impacto ambiental y paisajístico con el que cargaban los residentes del municipio", dice.
Ahora, con una normativa autonómica y estatal mucho más completa y contundente para estos espacios, se pretende sellar el vertedero e impermeabilizarlo y sobre todo hacer efectiva la economía circular: de un residuo nace una oportunidad, ahora en forma de energía, que devolverá al municipio lo que sus ciudadanos promovieron en los años 90.
