Llíria ultima un Plan Local de Residuos que reducirá la tasa de recogida a la ciudadanía en 2026

El Ayuntamiento de Llíria ultima la publicación del nuevo Plan Local de Residuos que se ha redactado tras la entrada en vigor de la normativa europea, donde se aplican cláusulas y obligaciones que fuerzan a las administraciones locales a adaptarse. El consistorio, según explicó ayer a este diario el concejal Paco García (Compromís-MOVE), ha rediseñado las rutas de recogida de los camiones con el fin de hacer más eficientes los recorridos -había algunos que hacían casi 100 kilómetros en total- además de duplicar los contenedores por fracciones y tratar de reducir el envío de residuos a vertedero, que, con la ley europea, el consistorio está abocado a pagar 30 euros por tonelada que no sea reciclada. «Si reciclamos más, pagaremos menos», señaló el edil, que aseguró que el plan será aprobado en abril para empezar a aplicar la rebaja en el impuesto en 2026. «Este año hemos adaptado el servicio a las exigencias europeas y en el próximo ejercicio rebajaremos la tasa», aseguró. 

Las declaraciones de García contrastan con las críticas recibidas por el PP de Llíria. La dirigente popular Susi Subiela acusó al gobierno de coalición de ser «el menos social» que ha tenido Llíria porque «no solo ha subido la tasa de basura en un 74 %, y el agua en un 7 %, además de una nueva tasa para la recogida de poda, sino que también ha sido el que ha dado la espalda a entidades sociales al revertir el suministro del agua de titularidad pública a privada perjudicando al Asilo del Remedio, Cáritas y Hermandad de San Ángel».

Entidades privadas

El edil García explicó que se ha dejado de prestar gratuitamente el servicio de agua a estas tres entidades tras la inspección que realizó la Generalitat sobre el canon de saneamiento, «una situación anómala que tuvimos que corregir, ya que no son entidades públicas para que el consistorio se haga cargo del servicio», señaló.

Respecto al incremento en la tasa del agua de un 7 % que critican los populares, García explicó que es una actualización de precios obligatoria y rutinaria que hacen todos los consistorios «y que también hizo el PP cuando gobernaba».