Estos son los motivos por los que la empresa de la planta de biometano de Llíria defiende el proyecto

El inicio de las obras de la planta de biometano de Llíria ha intensificado la protesta vecinal contra el proyecto. Desde que se conociera la iniciativa, vecinos y vecinas de Camp de Túria y de la Serranía se han unido para impulsar acciones que rechazan la creación de una macroplanta de biogás en el término municipal de Llíria, aunque más cercano a las poblaciones de Casinos y Domeño. Desde septiembre, la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serrania han movilizado numerosas manifestaciones por las calles de Llíria, y el pasado 21 de febrero se concentron en la Plaza de la Virgen de València para denunciar "un proyecto que no es verde" y que "aumentará el tráfico, contaminación y malos olores".

Sin embargo, la empresa promotora de la planta, The Green Vector, ha hecho público un manifiesto en su página web en el que fija su postura ante la controversia social surgida en torno a la instalación. La compañía, impulsada por Enagás Renovable y Genia Bioenergy, defiende que el proyecto cumple “estrictamente” la normativa ambiental y rechaza que pueda calificarse como una “macroplanta”.

En el documento, la firma asegura que "la instalación procesará 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos" —con autorización para alcanzar un máximo de 192.700, cuestión que la Asociación critíca—, aunque la entrada de materia será progresiva y se situará inicialmente por debajo de esos límites. Para contextualizar la dimensión, The Green Vector compara el proyecto con plantas europeas que superan las 200.000 toneladas anuales e incluso alcanzan cifras muy superiores, por lo que considera que el término “macro” resulta “técnicamente inapropiado”.

Residuos de proximidad y sin materiales peligrosos

Una de las preocupaciones de la población es el tráfico que generará el transporte de los residuos y su origen. Según la promotora, "los residuos procederán íntegramente de la Comunitat Valenciana, en su mayoría dentro de un radio de 50 kilómetros, y que serán de origen agrícola, ganadero e industrial alimentario". De este modo, insisten en que "no se tratarán residuos peligrosos ni cadáveres de animales".

El proceso previsto es el de digestión anaerobia, mediante el cual se obtendrá biometano, que podrá inyectarse en la red gasista como sustituto del gas natural fósil, y material digerido con potencial uso agronómico. La empresa sostiene que "la instalación responde a los principios de economía circular al transformar residuos en recursos".

Olores, emisiones y salud

Otro de los aspectos que más inquietud ha generado entre vecinos y colectivos sociales es el posible impacto en forma de olores o emisiones contaminantes. En su manifiesto, The Green Vector reconoce que "durante el proceso se genera ácido sulfhídrico, pero afirma que representa menos del 1 % y que será capturado mediante sistemas de filtrado y desulfuración".

La empresa añade que incorporará depósitos estancos, filtros de carbón activo y equipos específicos de tratamiento de olores de modo que "una persona que transite por las inmediaciones, no estará expuesta a olores ni a una atmósfera peligrosa”. No obstante, los detractores de la planta ponen el ejemplo de Casasbuenas, en Toledo, donde sí que sufren malos olores y temen que en sus poblaciones pase lo mismo.

Tráfico previsto

La compañía destaca que el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y Autorización Ambiental Integrada (AAI), tras la evaluación de distintos organismos autonómicos y estatales. También señala que la ubicación obtuvo la Declaración de Interés Comunitario (DIC).

En cuanto al tráfico, prevé una media de 37 camiones diarios, aproximadamente uno cada 40 minutos. Los contratos de transporte, asegura, incluirán monitorización de rutas y la prohibición de atravesar núcleos urbanos.

Beneficios económicos y climáticos

Entre las ventajas que enumera la promotora figuran la reducción de la dependencia energética, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, una alternativa sostenible para la gestión de residuos ganaderos y la generación de empleo estable directo e indirecto en la comarca.

La empresa calcula que la vida útil de la planta será de unos 25 años y afirma que aspira a convertirse en “un vecino más” del municipio.

El manifiesto concluye apelando al respeto por la diversidad de opiniones, pero reclamando que el debate público se base en "datos técnicos y documentación oficial". Mientras continúan las movilizaciones ciudadanas en contra del proyecto, la empresa mantiene su "disposición al diálogo y su compromiso con la transparencia informativa".

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