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Gestión

El Ayuntamiento de Bétera admite problemas históricos tras el informe de la Sindicatura pero reivindica avances

El consistorio afirma haber iniciado un proceso de modernización administrativa para subsanar deficiencias en contratación pública y gestión

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, en su despacho del ayuntamiento en una imagen de archivo.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, en su despacho del ayuntamiento en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

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Laura Florentino

Laura Florentino

Bétera

El Ayuntamiento de Bétera ha respondido al informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre los ejercicios de 2023 y 2024 asegurando que muchas de las recomendaciones y deficiencias detectadas "ya habían comenzado a corregirse" antes incluso de la publicación oficial del documento.

El consistorio sostiene que las conclusiones recogidas por el órgano fiscalizador "no se corresponden con la realidad actual del Ayuntamiento de Bétera", ya que, según explica, desde mediados de 2024 se habría iniciado un proceso de "modernización y normalización administrativa" para corregir problemas estructurales relacionados con la contratación pública, el control financiero y la gestión adiministrativa.

La Sindicatura de Comptes detectó "incumplimientos"

La respuesta municipal llega después de que la Sindicatura detectara incumplimientos en materia de contratación pública, gasto aprobados pese a reparos técnicos o sin fiscalización previa, ausencia de planes de control financiero y retrasos en la rendición de cuentas.

En el informe, el organismo autonómico señalaba que durante 2023 y 2024 se aprobaron acuerdos económicos "contrarios a los reparos efectuados por el interventor" y otros "con omisión de fiscalización previa", además de advertir de la utilización de contratos menores para servicios recurrentes y esenciales.

Frente a ello, el ayuntamiento defiende que la situación ha mejorado respecto a años anteriores y aporta datos comparativos de ejercicios previos. Según el consistorio, en 2017 se contabilizaron cerca de siete millones en gastos con omisión de función interventora y más de 7,6 millones en 2018, cifras que, aseguran, comenzaron a reducirse "de forma drástica" tras el cambio de gobierno municipal en 2019.

Además, el ayuntamiento afirma haber impulsado nuevas fórmulas de contratación para reducir el uso de contratos menores. Entre ellas destaca la implantación en 2025 del primer sistema dinámico de adquisición del consistorio para materiales de obra, así como nuevos contratos basados en acuerdos marco de la Diputación de la FEMP para servicios como electricidad, telefonía, internet o gestión tributaria.

Según la versión municipal, durante 2025 también se redujo el número de contratos menores, pasando de 137 contrataciones en 2024 a 95 en 2025, lo que supone una disminución de 30,66%. Paralelamente, el consistorio asegura haber triplicado el número de contratos mayores adjudicados, pasando de 6 en 2023 a 19 en 2025.

El concejal de Hacienda, Manuel Pérez, ha señalado que "el contenido del informe debe interpretarse dentro de un proceso de mejora y normalización administrativa que ya había sido iniciado por el propio ayuntamiento con anterioridad a la emisión definitiva de la fiscalización".

Asimismo, Pérez asegura que el actual equipo de gobierno "ha asumido problemas estructurales e históricos en materia administrativa y contractual que venían arrastrándose desde etapas anteriores" y defiende que se ha impulsado "un proceso de regularización y modernización sin precedentes recientes en el consistorio".

El consistorio continuará colaborando "con total transparencia"

El ayuntamiento insiste en que continuará colaborando "con total transparencia" con los órganos fiscalizadores y sostiene que el objetivo es "fortalecer la seguridad jurídica de la contratación pública y consolidar una administración municipal más ordenada, moderna y eficiente".

La Sindicatura de Comptes, por su parte, concluía en su informe que el Ayuntamiento de Bétera presenta "importantes deficiencias" en materia de control interno, contratación pública y cumplimiento de plazos adiministrativos, aunque el organismo no aprecia indicios de delito.

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