Infraestructuras
La Generalitat abre la puerta a retirar las pantallas acústicas de la CV-35 tras el rechazo vecinal en San Antonio de Benagéber
Infraestructuras estudiará alternativas para reducir el ruido de la autovía después de que los residentes alertaran del impacto visual, ambiental y térmico de las estructuras junto a sus viviendas
La directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes municipales y de las asociaciones vecinales. / GVA
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La Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber han comenzado a estudiar una solución para reducir el ruido de la CV-35 que permita prescindir de las pantallas acústicas previstas junto a diferentes zonas residenciales del municipio. El cambio de planteamiento llega después de las protestas iniciadas por un grupo de vecinos contra unas estructuras que, según denuncian, quedarían a pocos metros de algunas viviendas.
La directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes municipales y de las asociaciones vecinales afectadas para analizar las molestias ocasionadas por el tráfico de la autovía y estudiar posibles alternativas al proyecto redactado durante la anterior legislatura.
Exposición de propuestas
Durante el encuentro, promovido con la colaboración del ayuntamiento, las diferentes partes expusieron sus propuestas sobre una actuación destinada a responder a una reivindicación histórica relacionada con la contaminación acústica de la CV-35.
La Generalitat se ha comprometido ahora a analizar opciones diferentes a la instalación de pantallas acústicas, siempre que resulten técnica y ambientalmente viables y permitan reducir de manera efectiva el ruido soportado por las áreas residenciales próximas a la carretera.
El objetivo anunciado por las administraciones es encontrar una solución consensuada que responda tanto a las necesidades de protección acústica como a las preocupaciones trasladadas por los residentes.
Protestas contra el impacto de las pantallas
La reunión se produce después de que vecinos de varias calles próximas a la CV-35 iniciaran una campaña de rechazo al proyecto y colocaran pancartas con el lema «Alcalde, no a las pantallas». Los afectados sostienen que los paneles provocarían un importante impacto visual y ambiental, especialmente en puntos como la calle Vereda, donde calculan que las estructuras podrían quedar a solo tres o cuatro metros de algunas fachadas.
Los residentes también temen que las pantallas reduzcan la ventilación natural y generen un efecto invernadero en las calles situadas entre las viviendas y la autovía. Además, han expresado dudas sobre su limpieza, mantenimiento y posible impacto sobre las aves en el caso de instalarse paneles transparentes.
La pancarta de "Alcalde, no a las pantallas" en una de las calles que limita con la autovía a su paso por San Antonio de Benagéber. / Levante-EMV
Los vecinos aseguran que durante las reuniones anteriores no se les preguntó si estaban de acuerdo con ejecutar el proyecto, sino únicamente por cuestiones relacionadas con el diseño, el color o la transparencia de los paneles.
Según su versión, la posibilidad de renunciar a la actuación no se planteó durante aquellas consultas, pese a que algunos residentes habían expresado desde 2023 su oposición a la instalación.
Un proyecto respaldado inicialmente por el pleno
El rechazo vecinal contrasta con el apoyo institucional que había recibido anteriormente el proyecto. En junio de 2024, el pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber aprobó por unanimidad una declaración para reclamar a la Generalitat la instalación de nuevas pantallas acústicas que redujeran la contaminación sonora en las zonas residenciales.
Posteriormente, en noviembre de 2025, el consistorio informó de que la actuación incluiría tres ámbitos: el paseo de Valencia y los tramos de las urbanizaciones Montesano y Colinas más próximos a la CV-35.
Un mes después, el ayuntamiento anunció que el proyecto iba a iniciar su periodo de información pública y situó el posible comienzo de las obras a finales de 2026.
La movilización de los residentes y las dudas sobre los efectos de las estructuras han llevado ahora a las administraciones a reconsiderar la solución prevista.
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