Las familias de Requena respaldan al equipo directivo investigado y cargan contra conselleria y antifraude

El AMPA del Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez de Requena ha manifestado su intención de continuar con las movilizaciones hasta que no se cumplan todas sus reivindicaciones, que fundamentalmente pasan porque la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo retire su plan de suprimir las especialidades de violonchelo, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Conselleria sustenta su decisión en una resolución de antifraude que declara "fraude de ley en la creación de la plaza habilitada núm. 888521 de profesor de violonchelo para el curso escolar 2020-2021 y en las comisiones de servicio sobre dicha plaza desde el curso 2020."

Sin embargo, desde el AMPA no solo respaldan al equipo directivo actual –del que forma parte la funcionaria investigada–, sino que además exigen que sus hijos no se vean afectados por el recorte en la oferta educativa que ha comunicado el Servicio de Ordenación y Gestión de Enseñanzas de Régimen Especial al centro. El AMPA lamenta que este departamento, dependiente de José Antonio Rovira, "se escuda en esta denuncia para justificar los recortes de vacantes y de acceso al Conservatorio Mariano Pérez Sánchez".

Apoyo a los funcionarios y críticas a antifraude

En un comunicado remitido a este periódico, el AMPA muestra su apoyo a los funcionarios afectados por la investigación. Consideran que detrás "de los recortes atroces en el Conservatorio de Requena se encuentra una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude fechada en el año 2022", y recuerdan que este organismo "es un órgano consultivo, en ningún caso sancionador". Aunque entienden que es "de suma importancia" que la ciudadanía se proteja de eventuales casos de corrupción, recalcan que la agencia "también ha de ser garantista de la no vulneración de derechos fundamentales de cualquier ciudadano".

"En este sentido, el texto de la denuncia ataca y vulnera el derecho al honor de la funcionaria a la que se refiere", sostienen. Este diario se puso ayer en contacto con la trabajadora afectada, que por el momento rechaza hacer declaraciones "por consejo de su letrada", aunque asegura que tomará "las medidas legales necesarias contra la Agencia porque en el año 2025 resulta intolerable que una mujer no pueda alcanzar determinados puestos por su valía profesional, sino por cuestiones repulsivas", en referencia a su relación sentimental, recogida en la denuncia.

El AMPA apunta la responsabilidad del proceso que inició la Agencia a la propia Conselleria, "porque lleva meses ignorando los requerimientos de la Agencia, entre los cuales se encuentra el estudio de posibles responsabilidades de la Dirección General de Personal Docente y la Inspección de Educación, responsables de las plantillas, las comisiones de servicio y el nombramiento de cargos directivos". Recuerdan que "no es atribución de la dirección del centro conceder comisiones de servicio ni realizar ningún tipo de nombramiento, tal y como se recoge en el artículo 17 del Decreto 252/2019 de 23 de noviembre, del Consell".

Aprobado por la anterior dirección

También subrayan que la plantilla del curso 2020/2021, cuestionada por antifraude, "fue propuesta por la anterior dirección del centro y aprobada por la inspección de educación, sin que tuviera ninguna responsabilidad el entonces jefe de estudios –hoy director del centro–, también mencionado en la denuncia".

En cuanto al procedimiento de obtención de las comisiones de servicio que, según antifraude, supusieron fraude de ley, el AMPA asegura que existen plazas habilitadas en otros conservatorios de la Comunitat Valenciana y de todo el sistema educativo. Se trata, explican, de plazas que "se generan por necesidades determinadas y que no constan en las plantillas orgánicas".

El AMPA defiende que las comisiones de servicio son mecanismos legítimos de provisión de puestos que permiten la movilidad del profesorado, aunque su carácter sea discrecional. "Hasta este curso, en la resolución de las mismas se publicaba un listado con profesorado y el epígrafe ‘altra comissió concedida’ cuando no se ajustaba a los condicionantes establecidos en las causas sociales", aclaran. Sin embargo, denuncian que para el próximo curso, con la creación del ‘concursillo’, se pretende conceder estas comisiones por 'interés profesional', lo que modifica el criterio que se venía aplicando hasta ahora.