Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El TSJ refrenda el PAI Carlos Fabra de Chella impugnado por los vecinos

La Justicia avala la inclusión de los residentes que se quejaron de pagar dos veces los gastos de urbanización

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso interpuesto por un grupo de vecinos cuyas viviendas fueron incluidas en el programa urbanístico desarrollado por el Ayuntamiento de Chella en el sector Carlos Fabra. El TSJ avala las actuaciones seguidas por el consistorio y condena a los recurrentes a pagar las costas del procedimiento. Los vecinos denunciaron su inclusión en el plan urbanístico iniciado en 2007 a pesar de que por aquel entonces ya residían en la zona con normalidad después de haber satisfecho unos gastos urbanísticos por unos servicios cuyo coste, según éstos, se les volvía a reclamar.

Aunque en las normas subisidarias de Chella las parcelas de los recurrentes tenían la clasificación de suelo urbano, el nuevo PGOU cambió su catalogación a urbanizable residencial con ordenación pormenorizada. Los pronunciamientos judiciales dictados hasta el momento entienden que, si bien los terrenos»gozaban de algunos servicios urbanísticos, no tenían la condición de solar ni eran tampoco suelo urbano consolidado por la urbanización». Los residentes alegaron que sus parcelas no podían ser incluidas en la actuación integrada por tener la condición de solares, al tratarse de suelo urbano consolidado por la urbanización. Sin embargo, los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV entienden acertado el razonamiento del juzgado de Valencia que en 2009 desestimó las pretensiones de los residentes subrayando que las parcelas, en las que se ubica un grupo edificatorio de siete viviendas adosadas, no podían ser consideradas como solares por no reunir los requisitos previstos en la LUV.

La sentencia del Alto Tribunal diferencia dos calles afectadas por el PAI. La primera se encontraba urbanizada, aunque de forma incompleta cuando se inició el desarrllo. Si bien estaba dotada de todas las infraestructuras necesarias, faltaban algunas por completar, como las aceras. De ahí que los magistardos concluyan que las cinco viviendas recayentes en dicha vía se encontraban «insertas en la malla urbana», a pesar de que precisaban de actuaciones para dotarlas de servicios urbanísticos de los que carecían, como el asfaltado de viales, alumbrado público o instalación de imbornales previstos en el proyecto municipal. El TSJ valida la actuación integrada promovida por el ayuntamiento para consolidar urbanísticamente las parcelas, dotándolas de servicios de los cuales carecían hasta ese momento.

Los apelantes también alegaron contra su inclusión en el PAI censurando que el consistorio les concediera las licencias de obra para la edificación de sus viviendas en la zona a pesar de que se preveía la ejecución del programa urbanístico. La sentencia sostiene que en el momento de la construcción de las viviendas los propietarios «ya pudieron conocer que en el proyecto de PGOU entonces en tramitación sus parcelas se clasificaban como urbanizables y no como urbanas, según se disponía en las normas subsidiarias previas».

Denuncias desestimadas

Los vecinos tramitaron una denuncia vía penal que llevó al alcalde, Pablo Seguí, a declarar en 2011 en el juzgad como imputado por presuntas irregularidades ligadas a los sobrecostes del PAI, aunque en recientes autos conocidos la titular ha descartado que existiera comisión de delito en las actuaciones seguidas por éste.

Compartir el artículo

stats