El concejal de Personal en el Ayuntamiento de Ontinyent, Joan Sanchis, ha manifestado que la sentencia que da la razón al consistorio por haber pagado la extra de Navidad de 2012 a sus empleados «demuestra no era un capricho pagar esa parte de la extra, era un acto de justicia». Tal como adelantó Levante-EMV el domingo, el juzgado del Contencioso Administrativo de Valencia ha dado la razón al Ayuntamiento de Ontinyent en el contencioso que interpuso la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 16 de julio de 2013 que permitió al consistorio pagar 44 días de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 a sus trabajadores (un total de 86.000 euros a los alrededor de 300 empleados municipales). Esta paga fue suprimida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 14 de julio de ese mismo año, 44 días después de que los empleados comenzaran a cotizar la referida paga.
Precisamente el hecho de que entre el decreto y la anterior paga (la extra de julio) los empleados ya estuvieran cotizando (devengando) su paga posterior hizo pensar al consistorio ontinyentino que podía hacer efectivo el pago a sus empleados sin contravenir las férreas observaciones del gobierno central, que llegó a advertir a los ayuntamientos de que estarían prevaricando si la pagaban.
En su sentencia, el juez «entiende que la paga extra se devenga cada día trabajado, por lo que hasta la fecha del decreto debían pagarse esos días», subraya Sanchis. «en un principio fuimos prudentes y esperamos, porque el ministro Montoro advirtió que pagar la paga extra sería prevaricar, razón por la cual esperamos a que hubiera una sentencia favorable en este asunto, y entonces actuar», recordaba ayer el regidor.
Denuncia de la Delegación
De este modo, cuando el juzgado del Contencioso Administrativo nº1 de Palencia le daba la razón a un funcionario por este asunto, el Gobierno de Ontinyent ordenó pagar esa parte de la extra devengada a los funcionarios municipales. Tras ello la Delegación de Gobierno requirió la anulación de esta medida para hacer cumplir el mandato de Rajoy, y al no ser atendida esta petición llevó al consistorio de la Vall a los tribunales, que ahora dan la razón al Ayuntamiento de Ontinyent.
Joan Sanchis, satisfecho con el fallo, destacaba ayer en su valoración de la sentencia que «teníamos un compromiso con los funcionarios, con el convencimiento de que de no hacerlo así se iba en contra de un principio recogido en la Constitución. Ahora „insistía„ se demuestra que la ley estaba de nuestra parte y que hicimos lo correcto», concluía el edil.
