Un juez obliga a Enguera a pagar 3 millones a una vecina por un convenio urbanístico

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 9 de Valencia ha reconocido el derecho de una vecina de Enguera a percibir 2,65 millones de euros por los 13.000 metros cuadrados de suelo dotacional que cedió en 2007 al ayuntamiento en virtud de un convenio urbanístico cuyos términos no se han cumplido. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el consistorio, que acordó con la propiedad la cesión de los terrenos para poder levantar un campo de Fútbol-7 y una pista de pádel en las afueras del municipio. A cambio, ésta debía ser compensada con una parcela urbana en una de las unidades de ejecución previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual sin embargo ha sido anulado recientemente por el Tribunal Supremo. Al no ver materializada la reserva de aprovechamiento en el plazo pactado, en 2011 la afectada exigió ser indemnizada por la ocupación del suelo.

El PSPV de la localidad ha advertido de que el fallo judicial «puede conducir a la bancarrota municipal» y recalca que la cantidad a abonar se aproxima al presupuesto anual de gastos que maneja la corporación. A los 2,65 millones reconocidos cabe sumar los intereses del IPC generados en estos siete últimos años. Los socialistas también afean al equipo de gobierno la apelación ante el TSJ, cuya finalidad, para la oposición, no es otra que «retrasar el pago y cargar la deuda a otro equipo de gobierno en el futuro».

Versión muy distinta es la que ofrece el ejecutivo del PP, que ha pedido la anulación de la sentencia en base a diversos argumentos jurídicos. El recurso interpuesto defiende que la administración local no tenía la obligación de adquirir la parcela ni de indemnizar a los dueños cuando éstos lo solicitaron en 2011 porque la reserva de aprovechamiento cuyo incumplimiento denunció la recurrente «ni se había constituido ni se podía constituir, dado que la propietaria no había transmitido aún la titularidad de la parcela» al no formalizar la escritura. La corporación incide en que la vecina sigue siendo propietaria del suelo, cuyo uso le ha sido cedido, y resalta que el convenio urbanístico en cuestión «establece los criterios para la futura constitución de la reserva de aprovechamiento pero no constituye esta reserva», que sería el paso previo para la expropiación.

Cuestionan el suelo ocupado

En segundo lugar, la apelación sostiene que el terreno efectivamente ocupado para construir las instalaciones deportivas no supera los 2.600 m2 , cifra alejada de los 13.000 m2 cuyo pago reclama la propiedad, equivalente a la superficie total de la parcela cedida, recalificada de rústica a dotacional en virtud de las Normas Subsidiarias de 1986. Según esta tesis, a la vecina le correspondería percibir unos 500.000 euros. El alcalde se defiende recalcando que fue el gobierno socialista el que aprobó la reclasificación de la zona sin adscribirla a ninguna unidad de actuación, lo que según éste habría evitado la problemática.

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