El Estado recurre al TSJ el pago del IBI por la presa de Escalona desde 2008
Quesa y Navarrés también apelan para exigir ingresos adicionales a los 1,2 millones admitidos por el juez
El Estado recurre al TSJ el pago del IBI por la presa de Escalona desde 2008
sergio gómez | xàtiva
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sentencia que en noviembre reconoció el derecho de los ayuntamientos de Quesa y Navarrés de cobrar al Estado por el IBI de la presa de Escalona, cuyo lecho comparten ambos municipios. En liza hay 1,2 millones de euros: el importe de los recibos que la Diputación de Valencia giró al titular catastral de la infraestructura a partir de 2008, cuando la ponencia de valores de Catastro incluyó el embalse como Bien de Características Especiales (BICE) y, por lo tanto, tributable. El organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, impugnó las liquidaciones del área de recaudación de la institución provincial, pero el juzgado de lo contencioso nº 6 de Valencia desestimó los argumentos la Abogacía del Estado.
Ahora, el cobro de las cantidades permanece en cuarentena a la espera de que se pronuncie la sala del TSJ. Aunque no hay una fecha fijada, la resolución definitiva podría producirse a mediados de junio. El alcalde de Quesa, promotor del proceso de reclamación, se mostró ayer «tranquilo» a pesar de la apelación de la CHJ, porque la sentencia de primera instancia se apoya en jurisprudencia divulgada por el propio TSJ para fallar a favor de los pueblos de la Canal. Para Jesús Requena, la decisión de la titular de la presa obedece a «una estrategia de ganar tiempo y colapsar los tribunales» para no tener que asumir el pago de los montantes reclamados. El alcalde mantiene que «el Estado no puede ir en contra de sus propios actos» después de que la ponencia catastral definiera al embalse como BICE. «Hay un informe contudente y una sentencia clara: tienen que pagar», remacha Requena.
Los consistorios también recurren
La defensa de los consistorios, representados por el abogado Martín Queralt, también ha registrado un recurso en el TSJ con el propósito de que se reconozca el derecho de Navarrés y Quesa de cobrar una serie de recibos adicionales que quedaron excluidos del fallo del tribunal de primera instancia, en función de una serie de errores administrativos detectados en el cálculo de las liquidaciones de 2008 y 2010. Los ayuntamientos quieren que se incluyan después de ser subsanados los fallos y al entender que el juzgado no debía pronunciarse sobre su validez, porque no era el motivo central del contencioso planteado por el Estado. La cantidad a percibir por Quesa de reconocerse estos pagos pasaría de 741.000 a más de 900.000 euros. De devenir en firme la sentencia, ambos municipios pasarían a ingresar 100.000 euros anuales.
La CHJ, en cambio, rechaza que la presa de Escalona tribute al no estar sujeta a ninguna actividad comercial. Aunque su función exclusiva es la laminación de caudal, se integra dentro de un sistema con Tous, que sí devenga IBI.
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