Abren juicio contra Acciona por invadir los molinos de Enguera, una vía protegida

Un exdirectivo de Acciona tendrá que comparecer en julio ante el juzgado de lo penal de Alzira como responsable de las obras de los parques eólicos de Enguera imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el exalto cargo y la empresa concesionaria de los aerogeneradores «decidieron ejecutar la construcción de los tres parques eólicos sin evitar la ocupación ilícita» de la Cañada Real de Almansa, un bien «de dominio público imprescriptible, inalienable e inembargable». El procesado podría enfrentarse a una pena de dos años de cárcel por incumplir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Generalitat que autorizó el proyecto.

El litigio parte en origen de una denuncia presentada por el PSPV de Enguera en 2009 que condujo a la Fiscalía de Medio Ambiente a abrir varias vías de investigación y dos frentes judiciales. El contencioso, iniciado con el propósito de revocar los permisos que autorizaron las obras, ha quedado enterrado tras desestimar el Tribunal Supremo el último recurso. Pero en el ámbito penal sigue viva otra causa. A comienzos de 2013, el Fiscal acusó a Acciona de un delito ambiental tras concluir que los trabajos en la sierra de Enguera invadieron una vía protegida. Un auto posterior fijó la apertura de juicio oral —fechado para el 8 y 9 de julio— e imputó al exresponsable y a la propia empresa tras hallar «indicios racionales de criminalidad» en los hechos. El juzgado de instrucción de Xàtiva que se encargó de las diligencias del caso reclamó a la concesionaria una fianza de 600.000 euros previa al juicio, después de que tanto la acusación particular como el Fiscal solicitaran la reposición de la Cañada Real de Almansa «a su estado anterior a la ocupación».

El alcalde, citado como testigo

El exportavoz socialista que promovió la denuncia, Alfredo Barberán, puso ayer el foco en este procedimiento para responder a las acusaciones del alcalde de Enguera, que el jueves instó al PSPV a «pedir perdón» tras la sentencia del Supremo que pone fin a la vía contenciosa contra los parques. El propio edil Santiago Arévalo (PP) deberá comparecer en el juicio al ser citado en julio en calidad de testigo. Barberán se reafirmó ayer en las actuaciones emprendidas para denunciar las «irregularidades» en las obras y «defender los intereses de los vecinos». El exportavoz negó que el consistorio sufriera 1,2 millones de pérdidas durante los meses en que los trabajos estuvieron paralizados, dado que en ese periodo Industria aún no tenía previsto autorizar el funcionamiento los parques.

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