El interminable proceso seguido por el Ayuntamiento de Xàtiva para ajustar cuentas con la exconcesionaria de la basura y la limpieza viaria parece encaminarse a su recta final. Un informe elaborado por el técnico responsable del servicio concluye que la liquidación del anterior contrato —que expiró en 2012— arrojaría un balance favorable para las arcas municipales de 180.000 euros, tras evidenciar un cúmulo de incumplimientos e irregularidades en los que habría incurrido FCC. Las cantidades que exigía la empresa en concepto de revisiones de precios adeudadas (200.000 euros) quedarían así eclipsadas por el importe cuya compensación reclama el consistorio.
El citado estudio desvela que la multinacional percibió ingresos regulares de una tercera empresa durante años como consecuencia «de la venta unilateral y no autorizada» del material procedente de la recogida selectiva de papel-cartón de los contenedores y de la recogida puerta a puerta de envases en los comercios de Xàtiva. A pesar de que la ley establece que la titularidad de los residuos depositados en los llamados «iglús» de la vía pública es «estrictamente municipal», FCC facturó, entre 2005 y 2012, alrededor de 136.269 euros al gestor autorizado de la zona (Recuperaciones La Cañada, SL) a espaldas del consistorio, que no tenía conocimiento de estas operaciones.
20 años de vínculo contractual
La cifra se calcula en función de las estadísticas de precios oficiales y de los kilogramos de cartón y papel recogidos en la ciudad: más de 20.000 kg mensuales de media en el citado periodo. El ayuntamiento no obtuvo estos ingresos a pesar de que la normativa lo señala como competente en la decisión sobre su destino, que podría haber servido para introducir mejoras en el servicio de la recogida. Según constata el informe, el técnico municipal reparó en los hechos a raíz de la asistencia a unas jornadas organizadas por la Conselleria de Medio Ambiente sobre la temática.
Después de dos décadas de estable relación contractual, el Ayuntamiento de Xàtiva y FCC —actual adjudicataria del tratamiento de la basura de cinco comarcas a través del Consorcio de Residuos (COR) — rompieron el vínculo en 2012. Aunque las cosas comenzaron a torcerse mucho antes, las tensiones entre ambas partes salieron a la palestra cuando la constructora quedó apartada del nuevo pliego de la recogida de la basura, que supone un bocado de 1,7 millones anuales en 10 años. Se inició entonces una batalla de reclamaciones mutuas. El consistorio ha desestimado numerosas facturas presentas por FCC al considerarlas inadecuadas, a tiempo que le ha acusado de hinchar los importes exigidos.
Cuando la multinacional reclamó el cobro de las revisiones de precios pendientes del antiguo contrato, el técnico responsable señaló la necesidad de incardinar esta solicitud dentro de un balance global de liquidación del servicio, tras advertir de la existencia de «cuestiones pendientes de resolución administrativa» de elevada repercusión económica. Y es que la corporación también sostiene que ha de ser compensada por el lamentable estado en que FCC devolvió la maquinaria y los vehículos cuando abandonó la gestión de la recogida. Así, se estima en 219.370 euros el importe que debería abonar la multinacional por las deficiencias detectadas en los equipos. Por el contrario, el consistorio rebaja a 175.724 euros la cantidad que le corresponde cobrar a la sociedad por las revisiones de precios, frente a los 211.327 euros que ésta reclamaba. Descontadas las deudas pendientes de pago al monto exigido a FCC, sin embargo, el balance aprobado el 19 de enero por el equipo de gobierno resulta favorable para el ayuntamiento en 180.000 euros. La multinacional puede alegar contra el proceso.
