Seis personas vinculadas a una red de fraude eléctronico que operó a escala mundial entre 2004 y 2008 han aceptado indemnizar con 342.622 euros a dos entidades financieras a las que ocasionaron un perjuicio económico estimado en 672.000 euros mediante un sistema informático que suplantaba la identidad de los bancos en Internet. Cinco de los sujetos están unidos por vínculos familiares y sentimentales y cuatro son oriundos de Anna y Xàtiva. El Ministerio Fiscal los considera cooperadores necesarios de una trama cuyo cabecilla —familiar del resto y también de Anna— ha sido declarado en rebeldía por la Justicia, que lo reclama por diferentes causas. S. S. G., de 36 años y responsable según la Guardia Civil de estafas millonarias y de blanqueo de capital, no acudió a declarar al juicio celebrado en la Audiencia Nacional a finales de febrero.
La sentencia dictada por la sala de lo penal de este organismo, de conformidad con los colaboradores del autor intelectual de los hechos, declara probado que éste consiguió los datos de las tarjetas bancarias de miles de personas de todo el mundo —15.000 según la investigación de la Benemérita— mediante el envío de correos masivos («spam») que contenían enlaces a páginas web que simulaban ser de entidades bancarias. A su vez, los destinatarios contestaban facilitando sus datos personales y bancarios, lo que permitió al cabecilla de la red realizar movimientos fraudulentos desde sus cuentas, sustrayendo el dinero. Los programas informáticos que duplicaban las web de los bancos fueron creados por un conocido nacido en Monteviedo, quien cobró 35.110 euros por los trabajos.
Una vez conseguía el dinero, S. S. G. empleaba una serie de páginas dedicadas al movimiento de capitales y casinos virtuales con sede en paraísos fiscales desde donde, para ocultar el origen del dinero defraudado, lo transmitía a cuentas corrientes abiertas en España a nombre tanto de él como de los familiares, entre los cuales figuraban su madre, la pareja de ésta, su tío, su hermana y su cuñado. Todos ellos tenían conocimiento de la mecánica delictiva y dispusieron de los importes ingresados, tal como recalca la sentencia.
Admiten los hechos
Los colaboradores de la red —que han alternado su lugar de residencia— reconocieron los hechos el día del juicio. Por ello, la Audiencia Nacional impone penas mínimas de 2 años de prisión a la madre del cabecilla y de 1 año al resto de implicados, además de la obligación de indemnizar con 331.382 euros a La Caixa y con 11.240 euros a Bankia. Éste última cantidad ya ha sido satisfecha por los condenados, que eludirán la cárcel al carecer de antecedentes.
